La
semana pasada, el Área Metropolitana de Bucaramanga confirmó que no
ha tramitado ningún permiso para el “arboricidio” que proyecta
perpetrar la alcaldía de Bucaramanga contra la Escuela Normal, para
construir el intercambiador del Mesón de los Búcaros. La CDMB
informó que ellos tampoco.
Sería interesante que la Procuraduría
nos aclarara si el señor alcalde puede adelantar esta tala de
árboles sin cumplir con los requisitos establecidos en el decreto
1791 de 1996. Su artículo 58 establece que “cuando se requiera
talar o trasplantar arboles localizados en centros urbanos para la
realización de obras públicas o privadas se solicitara
autorización” ante la autoridad ambiental competente. Como ya se
sabe, en este caso no existe ninguna autorización.
Para
el trámite del permiso se requiere la visita previa “de un
funcionario competente, quien verificará la necesidad de la tala
aducida por el interesado, para lo cual se emitirá un concepto
técnico”. En columnas anteriores he mencionado que la tala no es
necesaria pues la Escuela Normal ya presentó una propuesta
alternativa que permite realizar la conexión vial, sin tocar los
arboles de gran tamaño de la Normal. En el proyecto de la alcaldía
los arboles serían afectados, no por las adecuaciones en las vías,
sino por las obras adicionales y faraónicas que se inventó el
municipio.
Obras innecesarias y muy costosas que todos pagaremos si
permitimos el atraco, perdón, el cobro de la valorización. El
decreto citado también establece que “Para
expedir o negar la autorización, la autoridad ambiental deberá
valorar -entre otros aspectos- las razones de orden histórico,
cultural o paisajístico, relacionadas con las especies, objeto de
solicitud”.
También
sería conveniente que el alcalde nos explicara por qué patrocina
proyectos que eliminan las pocas zonas verdes que aún sobreviven en
la antes llamada Ciudad de los Parques; sobre todo cuando -según el
Plan de Desarrollo- Bucaramanga solo dispone de 4.5 metros cuadrados
de espacio público por habitante y la meta es aumentarlo a 10. En
beneficio de su propia credibilidad el alcalde debería guardar un
mínimo de coherencia entre lo que se escribe en el Plan de
Desarrollo y lo que se hace en la realidad.
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