Publicada en Vanguardia Liberal en enero 15 de 2014
El
21 de agosto de 2013 escribí una columna con este mismo título, que
recordaba otra de diciembre del 2002. Así que esta es la tercera
sobre el mismo tema en los últimos 12 años: quejas de los vecinos
de este importante municipio sobre el manejo desordenado e ilegal de
los residuos sólidos. En columnas anteriores reproducía informes
que me remitió el señor Álvaro Cruz, líder veredal de Puerto
Wilches. Problemas graves para los vecinos del botadero abierto de
residuos sólidos; como olores nauseabundos, nubes de moscas y
contaminación por lixiviados.
Pues
bien, Álvaro Cruz me escribió y me llamó la semana pasada para
comentarme que el basurero de Puerto Wilches “está prendido hace
un mes y uno no puede dormir”. “No posee licencia ambiental, está
a cielo abierto y a unos metros de la quebrada Soplaviento”.
Importante que las autoridades ambientales verifiquen los hechos y
tomen las medidas previstas por la legislación pues son conocidos
los graves efectos para la salud que ocasiona vivir cerca a sitios de
disposición de residuos sólidos que no cuentan con mínimas
condiciones de seguridad. Sobre todo si los residuos están
“prendidos”, pues los efectos de estos gases de combustión de
desechos pueden ser letales.
Finalizaba
la columna de 2013, señalando que en Colombia “pasan los años y
los problemas (incluso problemas de fácil solución, como este) no
se resuelven, sino que se agravan”. Esto, a pesar de la existencia
de una amplia legislación sobre los residuos sólidos; que empezó
en 1974 con el Código de los Recursos Naturales. Sin embargo, 40
años después la gran mayoría de pueblos y ciudades tienen
problemas similares a los de Wilches. En Colombia se tramitan las
leyes en el Congreso y las autoridades se desentienden de sus
resultados; suponen que las leyes tienen poderes mágicos para
solucionar los problemas.
En este sentido, existen en los países
avanzados proyectos llamados de cumplimiento o fiscalización
ambiental (Environmental Enforcement,
http://www2.epa.gov/enforcement).
Son proyectos que informan a las comunidades sobre los nuevos
desarrollos legales y adelantan proyectos de asesoría y
acompañamiento para que las comunidades puedan cumplir las normas. Y
para que los problemas se solucionen, no para que se agraven.
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