Publicado en Vanguardia Liberal en Julio 22 2009
El lunes se cumplieron 40 años de la llegada a la luna del proyecto Apolo, propuesto en 1961 por el presidente John Kennedy. Apolo logró su objetivo en 1969, es decir, en 8 años.
Un récord, si consideramos que para relanzar los viajes a la luna el presidente Bush propuso en el año 2004 (después de 32 años de parálisis) el programa Constellation, que busca lo mismo… pero en el 2020. O sea en 16 años, el doble del tiempo que se tomó Apolo. Peor aún: no existe certeza de que este objetivo será alcanzado. ¿Cómo así? ¿Por qué es más difícil viajar a la luna ahora que hace 40 años? ¿No debería ser más expedito por los avances en ciencia y tecnología?
Una de las explicaciones es que el contexto geopolítico cambió. Cuando Kennedy lanzó Apolo, el mundo estaba en plena guerra fría. En el campo espacial, los rusos tomaron la delantera al poner un hombre en el espacio en 1961. Así que –desesperados- los gringos apostaron todas sus fichas al proyecto lunar, que recibió enormes inversiones. En términos relativos se estima que el proyecto Costellation recibe 10 veces menos que el Apolo. El aspecto económico es también afectado por la prohibición –por razones sanitarias- de materiales como el asbesto, que se usó como aislante en el cohete Saturno V.
Al desaparecer la Unión Soviética y las justificaciones “patrióticas”, la seguridad de los tripulantes tiene un mayor peso ahora que durante la guerra fría. La dramática muerte de la tripulación del Apolo 1 fue considerada como “heroica” en su momento, como lo fueron las ocurridas en las tragedias del Challenger y Columbia. Los del Apolo 13 se salvaron milagrosamente. Hoy es más complicado justificar los enormes riesgos que corren los tripulantes.
Los riesgos asociados a fallas mecánicas no son los únicos. Si un astronauta es “pillado” por una erupción solar, como la que ocurrió entre las misiones Apolo 16 y 17, podría quedar seriamente lesionado por la radiación. Igualmente existen riesgos asociados a la regolita, polvo existente en la superficie lunar que puede deteriorar los trajes espaciales y afectar la salud de los astronautas. Estas consideraciones explican las dudas en torno a la viabilidad de la misión lunar en el 2020, sobre todo en medio de una grave crisis económica.
miércoles, julio 22, 2009
viernes, julio 17, 2009
El desastre social y ambiental de Cartagena
Publicado en Vanguardia liberal en julio 15 2009
El sábado el presidente Uribe celebró uno de sus consejos comunales-electorales en Cartagena. “Si de alguna ciudad podemos predicar la conveniencia de la política de la seguridad y de la política social es en Cartagena” dijo con su proverbial desfachatez.
Los cartageneros piensan otra cosa. Un lector escribió en El Universal de Cartagena “Nadie les cree, hace rato se les salió de las manos la seguridad de la ciudad. Una lástima porque era la más segura del país. Qué tiempos aquellos en los que se podía caminar sin temor a los fleteros, paracos, prepagos y la lista continúa”. Otro lector preguntó “¿Dónde están los resultados de su Seguridad Democrática? El país está cada día más violento e inseguro ¿Dónde quedó la política contra el hambre?”. Por su parte, los periodistas del Caribe advirtieron: “Contrario a lo que dice el Gobierno Nacional, hay un incremento de las agresiones”.
La situación que se vive en Cartagena es un reflejo –acentuado- de lo que se padece en otras ciudades del país más violento de América. Existe un sector para mostrar a los visitantes: el sector amurallado, Castillogrande y otros pocos barrios. En estos, hay bellas edificaciones, servicios públicos aceptables y algo de seguridad, lograda a costa de tener policías en todas las esquinas y de esconder los indigentes cuando hay visitas. Pero la situación en el resto de la ciudad –donde vive la mayoría de los cartageneros- es un desastre total.
La situación es particularmente crítica en las destartaladas barriadas donde miles de personas intentan sobrevivir al hambre, las enfermedades y la inseguridad. Muchas –ante la ausencia de alternativas de vivienda- invaden las podridas ciénagas y laderas, talan mangles, rellenan depresiones y crían sus hijos sobre montañas de basura. La miseria extrema genera deterioro ambiental, y este se devuelve contra estos paupérrimos compatriotas en forma de contaminación, inundaciones y derrumbes.
Para otorgarles viviendas a algunos desplazados por las inundaciones, el gobierno promovió el proyecto Colombiaton, al que también hizo referencia Uribe en su campaña reeleccionista en Cartagena. Se le olvidó decir que este proyecto se empezó a construir sobre un lote lleno de residuos tóxicos, que les tocó cambiar por el camino. Uno de los que aplaudía en el último conejo, perdón, consejo comunal reeleccionista era el gobernador de Bolívar, otro uribista salpicado por el escándalo DMG.
El sábado el presidente Uribe celebró uno de sus consejos comunales-electorales en Cartagena. “Si de alguna ciudad podemos predicar la conveniencia de la política de la seguridad y de la política social es en Cartagena” dijo con su proverbial desfachatez.
Los cartageneros piensan otra cosa. Un lector escribió en El Universal de Cartagena “Nadie les cree, hace rato se les salió de las manos la seguridad de la ciudad. Una lástima porque era la más segura del país. Qué tiempos aquellos en los que se podía caminar sin temor a los fleteros, paracos, prepagos y la lista continúa”. Otro lector preguntó “¿Dónde están los resultados de su Seguridad Democrática? El país está cada día más violento e inseguro ¿Dónde quedó la política contra el hambre?”. Por su parte, los periodistas del Caribe advirtieron: “Contrario a lo que dice el Gobierno Nacional, hay un incremento de las agresiones”.
La situación que se vive en Cartagena es un reflejo –acentuado- de lo que se padece en otras ciudades del país más violento de América. Existe un sector para mostrar a los visitantes: el sector amurallado, Castillogrande y otros pocos barrios. En estos, hay bellas edificaciones, servicios públicos aceptables y algo de seguridad, lograda a costa de tener policías en todas las esquinas y de esconder los indigentes cuando hay visitas. Pero la situación en el resto de la ciudad –donde vive la mayoría de los cartageneros- es un desastre total.
La situación es particularmente crítica en las destartaladas barriadas donde miles de personas intentan sobrevivir al hambre, las enfermedades y la inseguridad. Muchas –ante la ausencia de alternativas de vivienda- invaden las podridas ciénagas y laderas, talan mangles, rellenan depresiones y crían sus hijos sobre montañas de basura. La miseria extrema genera deterioro ambiental, y este se devuelve contra estos paupérrimos compatriotas en forma de contaminación, inundaciones y derrumbes.
Para otorgarles viviendas a algunos desplazados por las inundaciones, el gobierno promovió el proyecto Colombiaton, al que también hizo referencia Uribe en su campaña reeleccionista en Cartagena. Se le olvidó decir que este proyecto se empezó a construir sobre un lote lleno de residuos tóxicos, que les tocó cambiar por el camino. Uno de los que aplaudía en el último conejo, perdón, consejo comunal reeleccionista era el gobernador de Bolívar, otro uribista salpicado por el escándalo DMG.
sábado, julio 11, 2009
El Procurador de Colombia aplaude la tortura animal
Publicado en Vanguardia Liberal en julio 8 2009
Estupefactos quedamos con el panegírico de la Procuraduría a favor de la barbarie taurina y las riñas de gallos. En la apología al maltrato animal faltó incluir las sangrientas peleas de perros. Para la Procuraduría estas barbaridades “son expresiones culturales y artísticas (¿¿??) que nos identifican como colombianos”.
Caracol realizó la semana pasada una encuesta en la que preguntó “¿Es tolerable la crueldad en la tauromaquia y las riñas de gallos?” El 99.4% de los encuestados respondió que NO, como en encuestas anteriores. Así que no sé de dónde sale el cuento de que los colombianos nos identificamos con estos “espectáculos” arcaicos, que solo permiten ocho países. Más bien la mayoría nos avergonzamos de que Colombia sea uno de esos países.
Pero aún en esos pocos países que toleran la tauromaquia, muchos ciudadanos intentan salirse del patético club. La semana pasada le fue entregado al Parlamento de Cataluña (Barcelona) una solicitud para prohibir las corridas. Encuestas realizadas demostraron que el 73% de los ciudadanos está de acuerdo para suprimirlas.
También nos produce bochorno en Colombia que éste sea el país más violento de América y uno de los más desiguales, corruptos e iletrados del mundo. Es que una cosa no excluye la otra. Preocuparse por la niñez desamparada no es incompatible con inquietarse por la violencia contra los animales. Schopenhauer afirmaba que “Una compasión sin límites por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la buena conducta moral”.
Los antepasados precolombinos pedían permiso a la madre tierra antes de salir a la caza de animales, que les servían para alimentarse o abrigarse. Matar animales para alimentarse -causándoles el mínimo sufrimiento- es un hecho natural, ya que los humanos hacemos parte de las cadenas alimenticias. Otra cosa muy diferente es torturarlos lentamente y con sevicia, con el propósito de obtener un insólito placer.
La barbarie taurina fue importada durante la invasión europea a estas tierras. Pero incluso en Europa recibía y recibe fuertes críticas. Recordemos la Bula “De Salutis Gregis Dominici”, promulgada en 1567 por San Pío V, que prohibía “terminantemente” “bajo pena de excomunión” “estos espectáculos en los que corren toros en el circo o en la plaza pública” que “no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana” “espectáculos cruentos y vergonzosos, no de hombres sino del demonio”.
Estupefactos quedamos con el panegírico de la Procuraduría a favor de la barbarie taurina y las riñas de gallos. En la apología al maltrato animal faltó incluir las sangrientas peleas de perros. Para la Procuraduría estas barbaridades “son expresiones culturales y artísticas (¿¿??) que nos identifican como colombianos”.
Caracol realizó la semana pasada una encuesta en la que preguntó “¿Es tolerable la crueldad en la tauromaquia y las riñas de gallos?” El 99.4% de los encuestados respondió que NO, como en encuestas anteriores. Así que no sé de dónde sale el cuento de que los colombianos nos identificamos con estos “espectáculos” arcaicos, que solo permiten ocho países. Más bien la mayoría nos avergonzamos de que Colombia sea uno de esos países.
Pero aún en esos pocos países que toleran la tauromaquia, muchos ciudadanos intentan salirse del patético club. La semana pasada le fue entregado al Parlamento de Cataluña (Barcelona) una solicitud para prohibir las corridas. Encuestas realizadas demostraron que el 73% de los ciudadanos está de acuerdo para suprimirlas.
También nos produce bochorno en Colombia que éste sea el país más violento de América y uno de los más desiguales, corruptos e iletrados del mundo. Es que una cosa no excluye la otra. Preocuparse por la niñez desamparada no es incompatible con inquietarse por la violencia contra los animales. Schopenhauer afirmaba que “Una compasión sin límites por todos los seres vivos es la prueba más firme y segura de la buena conducta moral”.
Los antepasados precolombinos pedían permiso a la madre tierra antes de salir a la caza de animales, que les servían para alimentarse o abrigarse. Matar animales para alimentarse -causándoles el mínimo sufrimiento- es un hecho natural, ya que los humanos hacemos parte de las cadenas alimenticias. Otra cosa muy diferente es torturarlos lentamente y con sevicia, con el propósito de obtener un insólito placer.
La barbarie taurina fue importada durante la invasión europea a estas tierras. Pero incluso en Europa recibía y recibe fuertes críticas. Recordemos la Bula “De Salutis Gregis Dominici”, promulgada en 1567 por San Pío V, que prohibía “terminantemente” “bajo pena de excomunión” “estos espectáculos en los que corren toros en el circo o en la plaza pública” que “no tienen nada que ver con la piedad y caridad cristiana” “espectáculos cruentos y vergonzosos, no de hombres sino del demonio”.
Las mentiras de los megaproyectos
Publicado en Vanguardia Liberal en julio 1 2009
Hace casi 10 años escribí sobre los graves problemas que les trajo la Hidroeléctrica de Urra I (Córdoba) a los indígenas Embera Katio y pescadores y campesinos de la zona. Reducción de la pesca, inundación de tierras fértiles y sitios sagrados, desplazamiento de miles de personas, deterioro de la fauna y la flora y problemas para la navegación fluvial, son algunos de los efectos reportados. Para completar, balances realizados por la Universidad del Sinú en 2008 concluyen que “la mayoría de los beneficios prometidos a la comunidad no se han cumplido”. También que las familias desplazadas “viven actualmente en condiciones menos favorables”.
A pesar de tan negativo balance, el gobierno Uribe pretendía inundar inconstitucionalmente zonas de Parques Nacionales, como es el Paramillo, con el proyecto Urra II, que afortunadamente fue declarado no viable por el Minambiente.
Por lo demás, los desbarajustes socioeconómicos que causan los megaproyectos generan sus propias dinámicas de violencia. A mediados de los años 90 escribía en este mismo espacio sobre el incremento de hurtos, lesiones personales, narcotráfico y homicidios en Yopal, a partir de los desarrollos petroleros.
De ahí que les sobran razones a los que han manifestado sus preocupaciones por el inquietante avance de varios megaproyectos en Santander. Como siempre los proyectos se promocionan con el cuento del desarrollo. Pero ¿desarrollo para quién?
Por ejemplo en el caso de HidroSogamoso se habla de generación de empleo, a pesar de que Isagen afirma que sólo se producirán 100 empleos fijos, la mayoría seguramente para foráneos. Así mismo se promete el desarrollo del turismo y de la pesca, en un embalse que será más bien una descomunal laguna de estabilización para las pútridas y turbias aguas que arrastra este río. Sobre la gran minería, la cosa es grave pues algunos proyectos se desarrollan en zonas de páramos, poniendo en riesgo el agua de Bucaramanga y otros municipios.
Pero ¿Es que no es posible el desarrollo sin megaproyectos? Esta alternativa del diablo ya fue superada desde hace rato en países avanzados, que cuentan con auténticas políticas de desarrollo de sus fuentes energéticas y materias primas. No es el caso de Colombia, donde la torcida explotación de los recursos naturales hace que estos recursos, en lugar de ser fuente de progreso (como ocurre en otros países), se conviertan casi que en una maldición para los lugareños.
Hace casi 10 años escribí sobre los graves problemas que les trajo la Hidroeléctrica de Urra I (Córdoba) a los indígenas Embera Katio y pescadores y campesinos de la zona. Reducción de la pesca, inundación de tierras fértiles y sitios sagrados, desplazamiento de miles de personas, deterioro de la fauna y la flora y problemas para la navegación fluvial, son algunos de los efectos reportados. Para completar, balances realizados por la Universidad del Sinú en 2008 concluyen que “la mayoría de los beneficios prometidos a la comunidad no se han cumplido”. También que las familias desplazadas “viven actualmente en condiciones menos favorables”.
A pesar de tan negativo balance, el gobierno Uribe pretendía inundar inconstitucionalmente zonas de Parques Nacionales, como es el Paramillo, con el proyecto Urra II, que afortunadamente fue declarado no viable por el Minambiente.
Por lo demás, los desbarajustes socioeconómicos que causan los megaproyectos generan sus propias dinámicas de violencia. A mediados de los años 90 escribía en este mismo espacio sobre el incremento de hurtos, lesiones personales, narcotráfico y homicidios en Yopal, a partir de los desarrollos petroleros.
De ahí que les sobran razones a los que han manifestado sus preocupaciones por el inquietante avance de varios megaproyectos en Santander. Como siempre los proyectos se promocionan con el cuento del desarrollo. Pero ¿desarrollo para quién?
Por ejemplo en el caso de HidroSogamoso se habla de generación de empleo, a pesar de que Isagen afirma que sólo se producirán 100 empleos fijos, la mayoría seguramente para foráneos. Así mismo se promete el desarrollo del turismo y de la pesca, en un embalse que será más bien una descomunal laguna de estabilización para las pútridas y turbias aguas que arrastra este río. Sobre la gran minería, la cosa es grave pues algunos proyectos se desarrollan en zonas de páramos, poniendo en riesgo el agua de Bucaramanga y otros municipios.
Pero ¿Es que no es posible el desarrollo sin megaproyectos? Esta alternativa del diablo ya fue superada desde hace rato en países avanzados, que cuentan con auténticas políticas de desarrollo de sus fuentes energéticas y materias primas. No es el caso de Colombia, donde la torcida explotación de los recursos naturales hace que estos recursos, en lugar de ser fuente de progreso (como ocurre en otros países), se conviertan casi que en una maldición para los lugareños.
Colombia: ¿un estado fallido?
Publicado en Vanguardia Liberal en junio 24 2009
Hace un mes largo unos amigos europeos me pidieron una explicación sobre los “falsos positivos”. Les comente que –según las autoridades- cientos de jóvenes que habían sido reportados por el ejército como guerrilleros muertos en combate, no eran subversivos.
De ahí el escándalo mundial que le recordaron parlamentarios canadienses -hace unos días- a mister Álvaro Uribe. Para el Relator de la ONU son “asesinatos a sangre fría y premeditados de civiles inocentes, con fines de beneficio, llevados a cabo de una manera sistemática, por elementos del Ejército”. Así los altos mandos reportaban crecientes bajas de guerrilleros y los soldados recibían recompensas, según los lineamientos establecidos.
Al concluir mis comentarios el desencajado rostro de asombro de mis amigos europeos no me sorprendió. Sencillamente a ellos les parece increíble que estas atrocidades ocurran en una presunta democracia. Más les asombra que no pase absolutamente nada, por mucho menos han caído ministros y gobiernos en otros países.
Y este es sólo uno de los cotidianos escándalos que ha protagonizado este gobierno y sus asociados narcoparapolíticos, muchos de ellos en la guandoca. También les parece increíble que la oficina de inteligencia del presidente (DAS) se haya puesto al servicio de delincuentes y se haya utilizado para hacerle espionaje ilegal a medio país. Por mucho menos cayó Nixon en Estados Unidos.
Por lo anterior no sorprende que Colombia sea el único país de América “en peligro” de convertirse en un Estado Fallido, según la publicación estadounidense Foreign Policy (2008). Aparte de los escándalos, esto tiene que ver con que somos el país más violento de América y el mayor productor mundial de cocaína. El que tiene la mayor población desplazada y uno de los países más desiguales del planeta, entre otras vergüenzas.
A muchos colombianos les han vendido el cuento de que las barbaridades que pasan aquí, pasan en todos los países y eso no es cierto. El caso de Colombia es siniestramente particular, incluso en el contexto latinoamericano. En el “ranking” de estados fallidos aparecemos en el puesto 37, más abajo en el puesto 55 aparece Bolivia, ya en una categoría de menor riesgo. Los uribistas satanizan a los que cuentan en el exterior la realidad del país tal como es, deberíamos agradecerles, ya que sin la veeduría internacional la situación interna seria peor de lo que ya es en este momento.
Hace un mes largo unos amigos europeos me pidieron una explicación sobre los “falsos positivos”. Les comente que –según las autoridades- cientos de jóvenes que habían sido reportados por el ejército como guerrilleros muertos en combate, no eran subversivos.
De ahí el escándalo mundial que le recordaron parlamentarios canadienses -hace unos días- a mister Álvaro Uribe. Para el Relator de la ONU son “asesinatos a sangre fría y premeditados de civiles inocentes, con fines de beneficio, llevados a cabo de una manera sistemática, por elementos del Ejército”. Así los altos mandos reportaban crecientes bajas de guerrilleros y los soldados recibían recompensas, según los lineamientos establecidos.
Al concluir mis comentarios el desencajado rostro de asombro de mis amigos europeos no me sorprendió. Sencillamente a ellos les parece increíble que estas atrocidades ocurran en una presunta democracia. Más les asombra que no pase absolutamente nada, por mucho menos han caído ministros y gobiernos en otros países.
Y este es sólo uno de los cotidianos escándalos que ha protagonizado este gobierno y sus asociados narcoparapolíticos, muchos de ellos en la guandoca. También les parece increíble que la oficina de inteligencia del presidente (DAS) se haya puesto al servicio de delincuentes y se haya utilizado para hacerle espionaje ilegal a medio país. Por mucho menos cayó Nixon en Estados Unidos.
Por lo anterior no sorprende que Colombia sea el único país de América “en peligro” de convertirse en un Estado Fallido, según la publicación estadounidense Foreign Policy (2008). Aparte de los escándalos, esto tiene que ver con que somos el país más violento de América y el mayor productor mundial de cocaína. El que tiene la mayor población desplazada y uno de los países más desiguales del planeta, entre otras vergüenzas.
A muchos colombianos les han vendido el cuento de que las barbaridades que pasan aquí, pasan en todos los países y eso no es cierto. El caso de Colombia es siniestramente particular, incluso en el contexto latinoamericano. En el “ranking” de estados fallidos aparecemos en el puesto 37, más abajo en el puesto 55 aparece Bolivia, ya en una categoría de menor riesgo. Los uribistas satanizan a los que cuentan en el exterior la realidad del país tal como es, deberíamos agradecerles, ya que sin la veeduría internacional la situación interna seria peor de lo que ya es en este momento.
¿Monsanto contra los algodoneros?
PUblicado en vanguardia Liberal en junio 17 2009
En abril escribí una columna sobre la ola de suicidios de agricultores hindúes que utilizaron semillas transgénicas. Agobiados por las deudas derivadas de los altos costos de insumos y bajos rendimientos, miles de agricultores se quitaron la vida. Señalaba que estas semillitas mágicas ya habían ocasionado estragos en Colombia.
Es el caso de los fracasos reportados por agricultores de Córdoba y Tolima el año pasado. Este año la revista Portafolio informó que varios algodoneros reunidos en el Centro de Investigación de Nataima (Espinal, Tolima) ya habían protestado por la venta de semillas transgénicas en mal estado.
Por ello no sorprende que la semana pasada la Confederación Colombiana del Algodón advirtió que “iniciará las acciones administrativas y legales para que se sancione a la multinacional Monsanto para que les restituya a los agricultores por las pérdidas causadas”. Los agricultores compraron una semilla más costosa, confiados en la información publicitada. Más tarde el gremio enfrentó pérdidas económicas derivadas del ataque de plagas y por los daños ocasionados por el glifosato,
Los problemas no se limitan al algodón, recordemos las restricciones al maíz Monsanto 810 en Europa. Además, sobre el maíz Monsanto 863 se han reportado preocupantes efectos en ensayos con animales. Según informes publicados (Le Monde, 2004) se observaron malformaciones “sobre un grupo de ratas alimentadas con el maíz 863”.
Recordemos que muchos productos (harinas) que hoy se distribuyen en Colombia (sin ninguna advertencia) fueron preparados con maíz o soya transgénica, sobre los que existen inquietantes informes científicos por anomalías causadas a animales de laboratorio. En el 2007, ya se había informado de la presencia de transgénicos en productos distribuidos por el ICBF en barrios populares en Colombia.
Los problemas asociados a estos productos son enormes y los agricultores y ganaderos colombianos deberían informarse sobre la desastrosa experiencia de otros países antes de embarcarse en estas “quimera vegetales mal identificadas”, como las llama el reconocido biólogo Jacques Testart.
Sobre todo que este gobierno se ha empeñado desde sus inicios en abrirle camino a los transgénicos, a través de modificaciones legales y reglamentarias a las que ya me he referido. De ahí que los productores deberían considerar igualmente la posibilidad de demandar a un gobierno que fue y es excesivamente tolerante con multinacionales cuyos intereses –está probado- nunca coinciden con los de los productores y consumidores.
En abril escribí una columna sobre la ola de suicidios de agricultores hindúes que utilizaron semillas transgénicas. Agobiados por las deudas derivadas de los altos costos de insumos y bajos rendimientos, miles de agricultores se quitaron la vida. Señalaba que estas semillitas mágicas ya habían ocasionado estragos en Colombia.
Es el caso de los fracasos reportados por agricultores de Córdoba y Tolima el año pasado. Este año la revista Portafolio informó que varios algodoneros reunidos en el Centro de Investigación de Nataima (Espinal, Tolima) ya habían protestado por la venta de semillas transgénicas en mal estado.
Por ello no sorprende que la semana pasada la Confederación Colombiana del Algodón advirtió que “iniciará las acciones administrativas y legales para que se sancione a la multinacional Monsanto para que les restituya a los agricultores por las pérdidas causadas”. Los agricultores compraron una semilla más costosa, confiados en la información publicitada. Más tarde el gremio enfrentó pérdidas económicas derivadas del ataque de plagas y por los daños ocasionados por el glifosato,
Los problemas no se limitan al algodón, recordemos las restricciones al maíz Monsanto 810 en Europa. Además, sobre el maíz Monsanto 863 se han reportado preocupantes efectos en ensayos con animales. Según informes publicados (Le Monde, 2004) se observaron malformaciones “sobre un grupo de ratas alimentadas con el maíz 863”.
Recordemos que muchos productos (harinas) que hoy se distribuyen en Colombia (sin ninguna advertencia) fueron preparados con maíz o soya transgénica, sobre los que existen inquietantes informes científicos por anomalías causadas a animales de laboratorio. En el 2007, ya se había informado de la presencia de transgénicos en productos distribuidos por el ICBF en barrios populares en Colombia.
Los problemas asociados a estos productos son enormes y los agricultores y ganaderos colombianos deberían informarse sobre la desastrosa experiencia de otros países antes de embarcarse en estas “quimera vegetales mal identificadas”, como las llama el reconocido biólogo Jacques Testart.
Sobre todo que este gobierno se ha empeñado desde sus inicios en abrirle camino a los transgénicos, a través de modificaciones legales y reglamentarias a las que ya me he referido. De ahí que los productores deberían considerar igualmente la posibilidad de demandar a un gobierno que fue y es excesivamente tolerante con multinacionales cuyos intereses –está probado- nunca coinciden con los de los productores y consumidores.
¿Afectan la salud las antenas de telecomunicaciones?
Publicado en Vanguardia Liberal en junio 3 2009
Para complementar mi columna “Prohibieron las antenas en las escuelas”, el Ingeniero Luis Omar Sarmiento, Decano de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, me ha enviado la siguiente nota.
“Las antenas empleadas por los servicios de telecomunicaciones como la telefonía celular y los sistemas de comunicación personal o PCS, emiten radiofrecuencias para su funcionamiento. Estas ondas de radio son consideradas no ionizantes ya que no dañan el material genético de las células produciendo cáncer o defectos de nacimiento, como lo hacen los rayos X. Pero pueden ser peligrosas si son lo suficientemente intensas, llegando a producir cataratas y quemaduras de piel, entre otros efectos.
Se ha reportado que -bajo determinadas circunstancias- estos campos electromagnéticos pueden producir efectos nocivos entre los que se incluyen: cáncer, alteraciones del sueño, síndrome de fatiga crónica, abortos, defectos de nacimiento, alteraciones de los ritmos del electrocardiograma, tumores cerebrales, leucemia y linfoma entre otros, pero ninguno de estos reportes ha sido validado científicamente”.
“Considerando estos posibles efectos sobre la salud, se han generado normas de seguridad sobre exposición a las ondas de radio, en documentos como la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea y de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, las cuales han sido acogidas por casi todos los países de mundo. Colombia mediante decreto 195 de 2005 y en concordancia con las normas internacionales, adoptó como límite máximo de exposición de las personas a campos electromagnéticos, una intensidad de campo eléctrico de 61 V/m o una densidad de potencia de 10 W/m2. Sin embargo, varios países del mundo están imponiendo límites más rigurosos e imponiendo factores de seguridad de 5 o más cuando se trata de grupos sensibles a las ondas como niños, ancianos y pacientes”.
“Infortunadamente en Colombia, nadie sabe cuáles son los niveles de exposición a las cuales estamos sometidos los ciudadanos, ya que sorpresivamente la Resolución 1645 de 2005 decretó que los sistema celulares y PCS entre otros, “cumplen con los límites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones particulares”. Lo cual contradice las normas internacionales, en las cuales se exige por lo menos certificaciones anuales de que no se han superado los límites y auditorías externas de verificación. Es la única forma de asegurar que la radiofrecuencia no causa efectos nocivos en la salud de las personas”.
Para complementar mi columna “Prohibieron las antenas en las escuelas”, el Ingeniero Luis Omar Sarmiento, Decano de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, me ha enviado la siguiente nota.
“Las antenas empleadas por los servicios de telecomunicaciones como la telefonía celular y los sistemas de comunicación personal o PCS, emiten radiofrecuencias para su funcionamiento. Estas ondas de radio son consideradas no ionizantes ya que no dañan el material genético de las células produciendo cáncer o defectos de nacimiento, como lo hacen los rayos X. Pero pueden ser peligrosas si son lo suficientemente intensas, llegando a producir cataratas y quemaduras de piel, entre otros efectos.
Se ha reportado que -bajo determinadas circunstancias- estos campos electromagnéticos pueden producir efectos nocivos entre los que se incluyen: cáncer, alteraciones del sueño, síndrome de fatiga crónica, abortos, defectos de nacimiento, alteraciones de los ritmos del electrocardiograma, tumores cerebrales, leucemia y linfoma entre otros, pero ninguno de estos reportes ha sido validado científicamente”.
“Considerando estos posibles efectos sobre la salud, se han generado normas de seguridad sobre exposición a las ondas de radio, en documentos como la Recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea y de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, las cuales han sido acogidas por casi todos los países de mundo. Colombia mediante decreto 195 de 2005 y en concordancia con las normas internacionales, adoptó como límite máximo de exposición de las personas a campos electromagnéticos, una intensidad de campo eléctrico de 61 V/m o una densidad de potencia de 10 W/m2. Sin embargo, varios países del mundo están imponiendo límites más rigurosos e imponiendo factores de seguridad de 5 o más cuando se trata de grupos sensibles a las ondas como niños, ancianos y pacientes”.
“Infortunadamente en Colombia, nadie sabe cuáles son los niveles de exposición a las cuales estamos sometidos los ciudadanos, ya que sorpresivamente la Resolución 1645 de 2005 decretó que los sistema celulares y PCS entre otros, “cumplen con los límites de exposición pertinentes y no son necesarias precauciones particulares”. Lo cual contradice las normas internacionales, en las cuales se exige por lo menos certificaciones anuales de que no se han superado los límites y auditorías externas de verificación. Es la única forma de asegurar que la radiofrecuencia no causa efectos nocivos en la salud de las personas”.
La UIS en su laberinto
Publicado en Vanguardia Liberal en mayo 27 2009
La primera vez que escuché la grabación de la conversación que sostuvo el rector de la UIS con el presunto paramilitar “Félix” -en el año 2007- pensé que era un montaje orquestado por interesados en torpedear la elección del nuevo rector. Sin embargo, el mismo doctor Jaime Camacho Pico confirmó que la conversación ocurrió y que fue grabada por la rectoría. La grabación publicada demora siete minutos, de un total de 17. La diferencia corresponde a problemas con la grabadora.
En la conversación, “Félix” le solicita al rector un listado de estudiantes y profesores “de izquierda” con el propósito de adelantar “un plan pistola”. Lo anterior en un contexto de graves amenazas contra estudiantes y profesores de la UIS, a las que me he referido en columnas anteriores.En su respuesta a “Félix”, el Rector –sin dar nombres- hace alusión a los estudiantes que en ese momento participaban en las mesas de negociación. Sus identidades eran conocidas por la comunidad universitaria. Según comunicado del Rector: “Se trataba… de acopiar información para que las autoridades adelantaran las investigaciones respectivas”.
Al parecer, el Rector participó u organizó una celada orientada a identificar o capturar a “Félix”. Hay que preguntarse ¿corresponde a las funciones del Rector participar en este tipo de actividades, que finalmente le han representado un enorme desgaste a la universidad? En la asamblea de profesores, el doctor Camacho reconoció que pecó de ingenuo y varios profesores han calificado su comportamiento de irresponsable.
El Rector también afirma: “La grabación fue puesta en conocimiento de las autoridades”. Sin embargo, el gobernador Horacio Serpa manifestó que el rector “No dijo la verdad. Cometió un error cuando no denunció que un criminal le estaba pidiendo nombres de estudiantes y profesores para hacerlos víctimas de una operación pistola”. “Ello le hizo perder credibilidad y confianza”. Grave la cosa.
Siento un profundo respeto por el doctor Camacho y espero que este incidente sea aclarado. Pero, como advirtió el exrector Álvaro Beltrán, el momento exige preocuparse -primero que todo- por “los altos intereses institucionales”. ¿Es lo más conveniente para la UIS el persistir en una reelección cuestionada nada menos que por el Presidente del Consejo Superior? Una reelección que produjo otro cierre de la Universidad y que no ha despejado -sino enturbiado- el clima de incertidumbre y desconfianza que ya planeaba sobre la UIS.
La primera vez que escuché la grabación de la conversación que sostuvo el rector de la UIS con el presunto paramilitar “Félix” -en el año 2007- pensé que era un montaje orquestado por interesados en torpedear la elección del nuevo rector. Sin embargo, el mismo doctor Jaime Camacho Pico confirmó que la conversación ocurrió y que fue grabada por la rectoría. La grabación publicada demora siete minutos, de un total de 17. La diferencia corresponde a problemas con la grabadora.
En la conversación, “Félix” le solicita al rector un listado de estudiantes y profesores “de izquierda” con el propósito de adelantar “un plan pistola”. Lo anterior en un contexto de graves amenazas contra estudiantes y profesores de la UIS, a las que me he referido en columnas anteriores.En su respuesta a “Félix”, el Rector –sin dar nombres- hace alusión a los estudiantes que en ese momento participaban en las mesas de negociación. Sus identidades eran conocidas por la comunidad universitaria. Según comunicado del Rector: “Se trataba… de acopiar información para que las autoridades adelantaran las investigaciones respectivas”.
Al parecer, el Rector participó u organizó una celada orientada a identificar o capturar a “Félix”. Hay que preguntarse ¿corresponde a las funciones del Rector participar en este tipo de actividades, que finalmente le han representado un enorme desgaste a la universidad? En la asamblea de profesores, el doctor Camacho reconoció que pecó de ingenuo y varios profesores han calificado su comportamiento de irresponsable.
El Rector también afirma: “La grabación fue puesta en conocimiento de las autoridades”. Sin embargo, el gobernador Horacio Serpa manifestó que el rector “No dijo la verdad. Cometió un error cuando no denunció que un criminal le estaba pidiendo nombres de estudiantes y profesores para hacerlos víctimas de una operación pistola”. “Ello le hizo perder credibilidad y confianza”. Grave la cosa.
Siento un profundo respeto por el doctor Camacho y espero que este incidente sea aclarado. Pero, como advirtió el exrector Álvaro Beltrán, el momento exige preocuparse -primero que todo- por “los altos intereses institucionales”. ¿Es lo más conveniente para la UIS el persistir en una reelección cuestionada nada menos que por el Presidente del Consejo Superior? Una reelección que produjo otro cierre de la Universidad y que no ha despejado -sino enturbiado- el clima de incertidumbre y desconfianza que ya planeaba sobre la UIS.
Zooonosis:¿uno de los jinetes del Apocalipsis?
Publicado en Vanguardia Liberal en mayo 20 2009
Algunos analistas han planteado que a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se le fue la mano con las alertas en la pandemia de gripa “porcina”, calificada de mediática.
Es cierto que algunos medios pintan de amarillo estas trágicas noticias. También es posible que algunos gobiernos vean en la epidemia otra cortina de humo para tapar los escándalos que protagonizan, sobre todo en el inseguro país de la seguridad democrática. Sin embargo, en el caso de la OMS y los científicos independientes, sus acciones resultan coherentes con lo planteado en torno a la inquietante expansión mundial -en las últimas décadas- de las zoonosis (enfermedades asociadas con animales como fiebre amarilla, gripe aviar, rabia, leptospirosis y muchas otras mas).
Estas enfermedades proliferan -en gran medida- por factores que se acentuaron en el siglo XX, como son el aumento de los intercambios entre países, el deterioro ambiental, el debilitamiento del sistema inmunitario, el hacinamiento humano y animal y los cambios climáticos, entre otros. Es un problema complejo que está lejos de ser controlado y que podría conducirnos a una catástrofe sanitaria global. Sobre todo porque, según el Premio Nóbel de Medicina Luc Montagnier, las medidas actuales apuntan a destruir los microbios asociados a las epidemias y se olvidan del “terreno”. Grave error.
En su libro “Los combates de la vida” (2008), Montagnier explica –por ejemplo- que algunos virus cambian todo el tiempo, intercambian genes entre ellos y además no actúan solos, sino asociados a “cómplices”. Los estudios sugieren que la peligrosidad del virus del Sida se multiplica en presencia de pequeñas bacterias, como los micoplasmas. También destaca la interacción que existe entre el sistema de defensas del organismo y los virus. Reseña el caso de una señora infectada por el virus del Sida, que no mostraba los síntomas de la enfermedad hasta que se hizo una quimioterapia para tratar un cáncer. El tratamiento debilitó las defensas naturales, lo que permitió el avance del virus del Sida y aceleró su muerte.
En este complejo contexto, la respuesta de gobiernos como el colombiano parece poco seria, pues mientras se reparten mascaritas y volantes, se menosprecia la educación y la investigación, aumenta la pobreza y continúa imparable la degradación del medio natural y humano. Seguimos transitando por el camino fácil y espacioso, el que –según la Biblia- nos lleva a la perdición
Algunos analistas han planteado que a la Organización Mundial de la Salud (OMS) se le fue la mano con las alertas en la pandemia de gripa “porcina”, calificada de mediática.
Es cierto que algunos medios pintan de amarillo estas trágicas noticias. También es posible que algunos gobiernos vean en la epidemia otra cortina de humo para tapar los escándalos que protagonizan, sobre todo en el inseguro país de la seguridad democrática. Sin embargo, en el caso de la OMS y los científicos independientes, sus acciones resultan coherentes con lo planteado en torno a la inquietante expansión mundial -en las últimas décadas- de las zoonosis (enfermedades asociadas con animales como fiebre amarilla, gripe aviar, rabia, leptospirosis y muchas otras mas).
Estas enfermedades proliferan -en gran medida- por factores que se acentuaron en el siglo XX, como son el aumento de los intercambios entre países, el deterioro ambiental, el debilitamiento del sistema inmunitario, el hacinamiento humano y animal y los cambios climáticos, entre otros. Es un problema complejo que está lejos de ser controlado y que podría conducirnos a una catástrofe sanitaria global. Sobre todo porque, según el Premio Nóbel de Medicina Luc Montagnier, las medidas actuales apuntan a destruir los microbios asociados a las epidemias y se olvidan del “terreno”. Grave error.
En su libro “Los combates de la vida” (2008), Montagnier explica –por ejemplo- que algunos virus cambian todo el tiempo, intercambian genes entre ellos y además no actúan solos, sino asociados a “cómplices”. Los estudios sugieren que la peligrosidad del virus del Sida se multiplica en presencia de pequeñas bacterias, como los micoplasmas. También destaca la interacción que existe entre el sistema de defensas del organismo y los virus. Reseña el caso de una señora infectada por el virus del Sida, que no mostraba los síntomas de la enfermedad hasta que se hizo una quimioterapia para tratar un cáncer. El tratamiento debilitó las defensas naturales, lo que permitió el avance del virus del Sida y aceleró su muerte.
En este complejo contexto, la respuesta de gobiernos como el colombiano parece poco seria, pues mientras se reparten mascaritas y volantes, se menosprecia la educación y la investigación, aumenta la pobreza y continúa imparable la degradación del medio natural y humano. Seguimos transitando por el camino fácil y espacioso, el que –según la Biblia- nos lleva a la perdición
Prohibieron las antenas en los techos de las escuelas
Publicado en Vanguardia Liberal en mayo 13 2009
Continúa el debate mundial en torno a los efectos de los campos electromagnéticos que producen las antenas de telecomunicaciones sobre la salud de las personas. Algunos estudios concluyen que éstos ocasionan problemas a la salud, otros –financiados casi siempre por los fabricantes de equipos- sostienen lo contrario. Sin embargo, considerando antecedentes como los del cigarrillo y algunos pesticidas y fármacos, la mayoría de los países ha incluido en su legislación el Principio de Precaución.
Durante décadas, los fabricantes de cigarrillos y pesticidas afirmaron que éstos no eran nocivos para la salud, manipulando en algunos casos los estudios, hasta que las evidencias aportadas por científicos independientes (que intentaron ser desacreditados por los fabricantes), obligaron a las autoridades a tomar medidas. Si oportunamente se hubiesen tomado medidas preventivas, millones se habrían salvado. El Principio de Precaución establece que no se requiere certeza científica total para tomar medidas para proteger a la población. En Colombia, este principio fue incluido en la ley 99 de 1993.
Este Principio de Precaución fue invocado por el alcalde de un municipio francés la semana pasada, para retirar las antenas de las escuelas. Este municipio también podría ser el primero en Francia en realizar un ensayo de emisiones en las antenas de solo 0.6 voltios/metro, el ensayo pretende cuestionar la legislación en Francia que permite emitir entre 41 y 61 v/m. Muchos otros municipios europeos han manifestado su interés en controlar las emisiones y se han vinculado a asociaciones de ciudadanos y científicos, como Robin de los Techos o el Centro de Investigación sobre Radiaciones Electromagnéticas (Criirem). Los operadores -por su parte- argumentan que si la norma se reduce, sería necesario multiplicar el número de antenas.
En Bucaramanga el concejal Alfonso Prieto elaboró un proyecto para regular la instalación de antenas. El ingeniero Luis Omar Sarmiento, Decano de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, presentó una ponencia sobre el tema al Concejo. Oportuna propuesta del concejal pues lo que se percibe es un desorden total y la ausencia de investigaciones orientadas a evaluar y mejorar la situación. Algunas antenas se han instalado incluso sobre los techos de edificios de apartamentos, sobre las cabezas de los moradores del último piso, algo impensable en países con políticas orientadas a proteger a la ciudadanía. Lo que no es el caso de Colombia
Continúa el debate mundial en torno a los efectos de los campos electromagnéticos que producen las antenas de telecomunicaciones sobre la salud de las personas. Algunos estudios concluyen que éstos ocasionan problemas a la salud, otros –financiados casi siempre por los fabricantes de equipos- sostienen lo contrario. Sin embargo, considerando antecedentes como los del cigarrillo y algunos pesticidas y fármacos, la mayoría de los países ha incluido en su legislación el Principio de Precaución.
Durante décadas, los fabricantes de cigarrillos y pesticidas afirmaron que éstos no eran nocivos para la salud, manipulando en algunos casos los estudios, hasta que las evidencias aportadas por científicos independientes (que intentaron ser desacreditados por los fabricantes), obligaron a las autoridades a tomar medidas. Si oportunamente se hubiesen tomado medidas preventivas, millones se habrían salvado. El Principio de Precaución establece que no se requiere certeza científica total para tomar medidas para proteger a la población. En Colombia, este principio fue incluido en la ley 99 de 1993.
Este Principio de Precaución fue invocado por el alcalde de un municipio francés la semana pasada, para retirar las antenas de las escuelas. Este municipio también podría ser el primero en Francia en realizar un ensayo de emisiones en las antenas de solo 0.6 voltios/metro, el ensayo pretende cuestionar la legislación en Francia que permite emitir entre 41 y 61 v/m. Muchos otros municipios europeos han manifestado su interés en controlar las emisiones y se han vinculado a asociaciones de ciudadanos y científicos, como Robin de los Techos o el Centro de Investigación sobre Radiaciones Electromagnéticas (Criirem). Los operadores -por su parte- argumentan que si la norma se reduce, sería necesario multiplicar el número de antenas.
En Bucaramanga el concejal Alfonso Prieto elaboró un proyecto para regular la instalación de antenas. El ingeniero Luis Omar Sarmiento, Decano de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás, presentó una ponencia sobre el tema al Concejo. Oportuna propuesta del concejal pues lo que se percibe es un desorden total y la ausencia de investigaciones orientadas a evaluar y mejorar la situación. Algunas antenas se han instalado incluso sobre los techos de edificios de apartamentos, sobre las cabezas de los moradores del último piso, algo impensable en países con políticas orientadas a proteger a la ciudadanía. Lo que no es el caso de Colombia
Mucha inseguridad en la "Seguridad Democratica"
Publicado en Vanguardia Liberal en mayo 6 2009
Es un hecho que el gobierno del presidente Álvaro Uribe no ha hecho mayor cosa para mejorar la dramática situación social; la crisis humanitaria ha tomado una dinámica que resulta francamente explosiva. Basta recordar que Colombia es el segundo país del mundo -después de Sudán- en producir el mayor número de desplazados.
A la anterior vergüenza, habría que agregarle las inquietantes cifras de desempleo y el drama de los millones que se rebuscan en los semáforos y basureros (recicladores que hoy deben competir con Ecoeficiencia, una de las empresas de los multimillonarios hijitos de Uribe). Los que sobreviven con el precario salario mínimo y la inestabilidad laboral, no están mucho mejor. ¿Será que estos millones de compatriotas tienen seguridad en sus vidas y la de sus hijos?
Para disimular el desastre humanitario, se dice que Uribe no ha hecho nada por lo social (ni por las vías, ni la producción agrícola, ni la salud, ni la educación) pero que -de todos modos- ha mejorado la seguridad en las vías a la Costa en vacaciones. Pero, en los países serios, el que la gente salga a vacaciones escoltados por tanques y helicópteros artillados no es un síntoma de seguridad, sino de inseguridad. Sobre todo que la seguridad en las ciudades no ha mejorado, todo lo contrario, como lo confirman los noticieros.
Es que resulta apenas lógico que muchos de esos millones de colombianos -sin empleo serio ni educación ni esperanzas- intenten sobrevivir acudiendo a medios ilegales como la guerrilla, el narcoparamilitarismo o la delincuencia común. Y mientras no se tomen correctivos estructurales para mejorar la crisis social, es imposible que la auténtica seguridad se logre.
Para completar el inseguro panorama, tenemos aterradores crímenes de Estado como los “falsos positivos”, la paramilitarización del Congreso y el DAS y las chuzadas telefónicas a todos los que no comulgan con la cartilla uribista. Más grave aún: las generalizadas amenazas contra académicos, ONGs, sindicalistas, indígenas, periodistas y líderes populares.
Por ejemplo, un comunicado de la Asociación de Profesores de la UIS denuncia los actos “de hostigamiento e intimidación” contra profesores de esa Universidad y sus familiares. Otro comunicado de la Corporación Compromiso denuncia el intento de desaparición de Mauricio Meza Blanco. ¿Es esta epidémica inseguridad -más temible que la gripa porcina- a la que nos invita a reelegir el presidente Uribe?
Es un hecho que el gobierno del presidente Álvaro Uribe no ha hecho mayor cosa para mejorar la dramática situación social; la crisis humanitaria ha tomado una dinámica que resulta francamente explosiva. Basta recordar que Colombia es el segundo país del mundo -después de Sudán- en producir el mayor número de desplazados.
A la anterior vergüenza, habría que agregarle las inquietantes cifras de desempleo y el drama de los millones que se rebuscan en los semáforos y basureros (recicladores que hoy deben competir con Ecoeficiencia, una de las empresas de los multimillonarios hijitos de Uribe). Los que sobreviven con el precario salario mínimo y la inestabilidad laboral, no están mucho mejor. ¿Será que estos millones de compatriotas tienen seguridad en sus vidas y la de sus hijos?
Para disimular el desastre humanitario, se dice que Uribe no ha hecho nada por lo social (ni por las vías, ni la producción agrícola, ni la salud, ni la educación) pero que -de todos modos- ha mejorado la seguridad en las vías a la Costa en vacaciones. Pero, en los países serios, el que la gente salga a vacaciones escoltados por tanques y helicópteros artillados no es un síntoma de seguridad, sino de inseguridad. Sobre todo que la seguridad en las ciudades no ha mejorado, todo lo contrario, como lo confirman los noticieros.
Es que resulta apenas lógico que muchos de esos millones de colombianos -sin empleo serio ni educación ni esperanzas- intenten sobrevivir acudiendo a medios ilegales como la guerrilla, el narcoparamilitarismo o la delincuencia común. Y mientras no se tomen correctivos estructurales para mejorar la crisis social, es imposible que la auténtica seguridad se logre.
Para completar el inseguro panorama, tenemos aterradores crímenes de Estado como los “falsos positivos”, la paramilitarización del Congreso y el DAS y las chuzadas telefónicas a todos los que no comulgan con la cartilla uribista. Más grave aún: las generalizadas amenazas contra académicos, ONGs, sindicalistas, indígenas, periodistas y líderes populares.
Por ejemplo, un comunicado de la Asociación de Profesores de la UIS denuncia los actos “de hostigamiento e intimidación” contra profesores de esa Universidad y sus familiares. Otro comunicado de la Corporación Compromiso denuncia el intento de desaparición de Mauricio Meza Blanco. ¿Es esta epidémica inseguridad -más temible que la gripa porcina- a la que nos invita a reelegir el presidente Uribe?
Referendo por el agua: Uribe lo deseco
Publicado en Vanguardia Liberal en abril 29 de 2009
El referendo por el agua fue presentado al Congreso después de un proceso transparente de recolección de firmas, a diferencia del referendo reeleccionista uribista, cuyos promotores son investigados por las autoridades. También vale la pena recordar que el primer promotor de una reelección de Uribe fue el detenido exsenador Ciro Ramírez, llamado a juicio por la Fiscalía por vínculos con narco-paramilitares. ¿Por qué será que a un acusado de narcotráfico le interesa prolongar indefinidamente el mandato de Uribe? ¿No se supone que los narcos odian a los que los combaten?
Sobre todo que éste no es el único caso.Las reelecciones uribistas se han fraguado en las entrañas de la Casa de Nariño. Todo lo contrario de lo ocurrido con el referendo del agua, que contó desde el principio con la férrea oposición de Uribe, interesado en quedar bien con los negociantes que consideran que el agua es una mercancía y no un derecho. Visión mercantil que conduce a un deterioro del recurso y a un encarecimiento del líquido.
En concordancia con esta visión mercantil, este gobierno introdujo graves retrocesos en la legislación ambiental. Por ejemplo, los cambios sobre licencias ambientales fueron los que hicieron posible que proyectos mineros –como el de la Greystar- pudieran desarrollarse en zonas de influencia de páramos, donde nace el agua de Bucaramanga, hoy amenazada por la minería a cielo abierto. Eso estaba prohibido en el decreto 1728, que Uribe derogó.
La secta uribista argumenta que toca apoyar el referendo reeleccionista pues es una iniciativa popular, así que apoyar este y no los otros dos (agua y penas a violadores), constituía una incoherencia mayor. Como además existe el temor de los uribistas de no lograr la aprobación a tiempo de la cuestionada reforma política y de no lograr la votación mínima requerida si sólo se realiza el referendo reeleccionista, la última voltereta uribista quedó servida. De ahí que –aparentemente- aprobaron el referendo del agua, pero lo aprobado busca todo lo contrario a lo que pretende el referendo original. Aprobaron un referendo para acabar el agua.
Por lo mismo ejerceré mi derecho a la abstención, sobre todo si los referendos son votados el mismo día. Lo peor que le puede pasar al agua y a la democracia es una nueva reelección de Uribe. Y de sus hijos.
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