Publicado en Vanguardia Liberal en agosto 31 de 2011
La semana pasada el congresista Miguel Gómez comentaba que en Colombia, después de la Constitución de 1991, se expide: "una ley cada tres días", "un decreto cada dos días" y "una resolución cada día". Y que la mayoría de esta avalancha de leyes, decretos y resoluciones constituye letra muerta. Un factor importante del incumplimiento es la seudocultura arraigada en este país, de hacer todo lo contrario a lo dispuesto por la ley y los reglamentos. El todo se vale, que el gobierno anterior llevo a su máxima expresión.
Para completar, muchos tienen la curiosa idea de que estos papeles tienen poderes mágicos; que basta con expedirlos para que los problemas se arreglen por arte de magia.
En los países serios la expedición de la legislación va acompañada de programas y proyectos orientados a crear las condiciones para que ésta se cumpla. En el caso de la legislación ambiental, por ejemplo, varios países industrializados aplican los Principios de Cumplimiento y Aplicación de la Ley Ambiental (Environmental Compliance and Enforcement). De estos principios se derivan programas orientados a hacer cumplir la legislación; en términos de promoción, apoyo, supervisión y evaluación de resultados. En Colombia no ocurre así, por ello los problemas no se resuelven sino que se agravan.
Es el caso de la resolución 779 (2006) que les exige a los paneleros el cumplimiento de medidas sanitarias, como uso de agua limpia y prohibición de sustancias tóxicas en la fabricación del producto. La mala calidad de algunas panelas es un hecho comprobado; de ahí que son bienvenidas las medidas para mejorarlas. Ahora, si se mejora la calidad, el principal beneficiado (aparte de los millones de consumidores) es el mismo productor, ya que su panela tendría mejor acogida en el mercado nacional e internacional. Pero resulta evidente que si no existe un programa de capacitación, asesoría y apoyo económico para los pequeños y medianos productores del sector panelero, éstos nunca serán capaces de cumplir con las exigencias de calidad.
Por lo mismo, más que derogar la resolución (como proponen algunos), lo que hay que hacer es exigirle al gobierno que cumpla con su deber de crear las condiciones y programas requeridos para que estos pequeños productores puedan cumplir las exigencias sanitarias. Y no terminen cerrados, agravando la ya difícil situación social de este país.
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