lunes, octubre 31, 2005
miércoles, octubre 26, 2005
La fiesta del maíz
Columna publicada en Vanguardia Liberal en octubre 26 de 2005
El domingo pasado, mientras degustábamos tiernas mazorcas de maíz, cosechadas por los agricultores ecológicos de Piedecuesta, evocamos los misterios que encierra este maravilloso producto de las culturas precolombinas. Unas culturas de las que tenemos mucho que aprender, tanto en tiempo pasado como presente. El maíz es un enigma para los científicos, que han presentado varias hipótesis para explicar su origen.
Aunque algunos han planteado que las primeras plantas fueron cultivadas en los Andes (Bolivia, Perú o Ecuador) o incluso algunos pocos abogan por un origen asiático, los rastros más antiguos se han detectado en México. Pequeñas mazorcas de maíz de más de 5 000 años fueron halladas en asentamientos indígenas. Es probable que de México, las semillas fueran llevadas a norte y suramérica. Mas tarde los agricultores europeos las sembraron y, de este continente, el maíz se difundió por todo el planeta.
Los estudiosos relacionan el maíz con el teosinte, una especie silvestre mexicana, con similitudes genéticas. Sin embargo, no se ha establecido si el maíz desciende del teosinte o si ambos provienen de un ancestro común, como el chimpancé y Homo sapiens. Para el autor Schery: “es tan diferente el maíz de cualquier planta silvestre conocida, que es imposible considerar cualquier especie actual como antepasada suya. La planta hoy no sobreviviría si el hombre no la plantase y cultivase”.
El maíz, planta milenaria y enigmática, esta amenazada por nuestra indeferencia y por la acción de transnacionales que buscan, y lo están logrando en algunos países, controlar toda la cadena alimenticia humana: suelos, semillas, agua, fertilizantes, gestión de plagas. No deja de ser curioso que México, la posible cuna del maíz, sea uno de los primeros países en los que se comprobó la “contaminación” de cultivos nativos con transgénicos.
Por lo anterior, la Asociación para la Educación Ambiental Zua Quetzal adelanta desde hace años actividades en torno a La Fiesta del Maíz, este año el 9 de octubre. Mi amigo Rainier Céspedes Ramírez anota: “Hay que decirlo. Nos gusta la chicha y la arepa santandereana de maíz amarillo (más nutritiva que la de harina refinada), pero charladito, con una buena dosis del espíritu de nuestros ancestros con cierta inspiración para sentirnos vivos y alegres. Sin fronteras y sin carteras. Fue así como se realizo un encuentro en Santander que reunió, en el año 2000, a indígenas Barí, U´was, Emberas y comunidades afro de la rivera del Magdalena, entre otros”.
“Los siguientes cuatro años, con el sonido de las costas, la música andina, las danzas, el teatro, las muestras hortícolas, la poesía y el debate sobre temas como el TLC y los transgénicos, propiciamos un espacio para la diversidad y la libertad cultural. Este año el programa promueve la siembra de maíz en escuelas y colegios públicos de Bucaramanga y Florida. Todo para ayudar a mantener viva la esperanza que como pueblo nos merecemos y la vida que como cultura hemos soñado hacer, en armonía con la madre naturaleza y los seres a los que sustenta”.
miércoles, octubre 19, 2005
¿Es el glifosato un "disruptor" endocrino?
Columna publicada en Vanguardia Liberal, octubre 19 de 2005
En su columna del domingo en El Tiempo, el expresidente Alfonso López Michelsen continúa su campaña a favor del uso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en Colombia. Cuestiona la decisión del Ministerio de Medio Ambiente (Vivienda y demás) de “someter a licencia todas y cada una de las semillas importadas”. Sorprende la posición del ilustre constitucionalista pues la decisión tiene que ver con disposiciones establecidas en la ley 99 de 1993 y en el Protocolo de Seguridad de la Biotecnología, conocido como Protocolo de Cartagena. ¿Sugiere acaso el expresidente que se autoricen las importaciones, violando claras disposiciones legales y compromisos internacionales? No lo creo.
El Protocolo tiene como propósito "proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales asociados a los OGM". ¿Existen estos riegos? Claro que sí. Se ha comprobado, por ejemplo, que las plantas transgénicas pueden "contaminar" ecosistemas constituidos por especies que no lo son y trasmitirles sus propiedades. El impacto en el largo plazo de este proceso es desconocido, lo que debería motivarnos a la prudencia, a la aplicación del principio de precaución, que también invocan la ley 99 y el Protocolo de Cartagena.
En su columna del domingo en El Tiempo, el expresidente Alfonso López Michelsen continúa su campaña a favor del uso de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM) en Colombia. Cuestiona la decisión del Ministerio de Medio Ambiente (Vivienda y demás) de “someter a licencia todas y cada una de las semillas importadas”. Sorprende la posición del ilustre constitucionalista pues la decisión tiene que ver con disposiciones establecidas en la ley 99 de 1993 y en el Protocolo de Seguridad de la Biotecnología, conocido como Protocolo de Cartagena. ¿Sugiere acaso el expresidente que se autoricen las importaciones, violando claras disposiciones legales y compromisos internacionales? No lo creo.
El Protocolo tiene como propósito "proteger la diversidad biológica de los riesgos potenciales asociados a los OGM". ¿Existen estos riegos? Claro que sí. Se ha comprobado, por ejemplo, que las plantas transgénicas pueden "contaminar" ecosistemas constituidos por especies que no lo son y trasmitirles sus propiedades. El impacto en el largo plazo de este proceso es desconocido, lo que debería motivarnos a la prudencia, a la aplicación del principio de precaución, que también invocan la ley 99 y el Protocolo de Cartagena.
Nadie discute que las investigaciones tendientes a descifrar y buscarle aplicaciones al código genético deben continuar; lo que es objeto de polémicas es su aplicación prematura, por parte de poderosos monopolios económicos, cuyos intereses –como ya se sabe- no coinciden con los de agricultores y consumidores. La contaminación de especies agrícolas ha causado, además, otro tipo de problemas.
En Canadá, Percy Schmeiser fue víctima de una “contaminación genética” por parte de cultivos vecinos de OGM. El agricultor fue acusado de violar las leyes de patentes porque “en algunas de sus parcelas habían brotado plantas de colza transgénica”. Monsanto, el fabricante de las semillas, le exigió una parte de sus ingresos y un Tribunal Federal canadiense falló contra el agricultor.
Otro aspecto tiene que ver con el aumento de las aspersiones de glifosato. Se estima que el 72% de las semillas transgénicas producidas (2004) son tolerantes a los herbicidas. Las firmas que producen las semillas son las mismas que fabrican los agroquímicos. Entonces, más transgénicos significa más ventas de glifosato. De hecho el desarrollo de estos cultivos en algunos países estimuló las ventas de herbicidas. He perdido la cuenta de los artículos que he escrito en este y otros espacios sobre los efectos del glifosato.
Sin embargo, una investigación publicada este año, confirma que los riesgos asociados a este producto podrían ser mayores que los ya señalados. El estudio concluye que el Roundup-glifosato actúa como un disruptor endocrino, a concentraciones más bajas que las usadas en la agricultura. Los disruptores tienen una baja toxicidad aguda, pero afectan el sistema hormonal y pueden ocasionar malformaciones, aumento de los abortos, nacimientos prematuros y problemas de reproducción, entre otros. El problema no es sólo para los agricultores –legales o ilegales- estos productos pueden estar en los alimentos y las aguas, que después consumimos todos. Ver artículo anterior sobre disruptores a continuación.
La amenaza de los perturbadores endocrinos
Colomna publicada en Vanguardia Liberal, febrero 9 de 2005
Un lector me escribe lo siguiente: “Usted mencionó la semana pasada a los perturbadores endocrinos, como si fueran un problema grave, comparable con los cambios climáticos o las guerras nucleares. Le agradecería ampliar la información”.
En los años 90 se generó una gran controversia en todo el mundo alrededor de la publicación del libro Nuestro Futuro Robado, con prólogo de Al Gore, exvicepresidente de los Estados Unidos. En éste, se analiza una información científica que le sigue las huellas a casos enigmáticos -pero crecientes- de defectos congénitos, anomalías sexuales y problemas de reproducción en animales… y humanos. Los autores relacionan estos problemas con la exposición a algunas sustancias químicas sintéticas. Estas, dirigen su acción contra el sistema endocrino, que regula procesos biológicos esenciales. De ahí su nombre: disruptores (del inglés) o perturbadores endocrinos.
El blanco de estas sustancias son las hormonas -los mensajeros químicos- y su entorno. No tienen una toxicidad aguda elevada pero… “sabotean las comunicaciones, siembran la desinformación” en órganos y tejidos. Los resultados: disminución de la fertilidad, penes muy pequeños, otras malformaciones genitales, cáncer y problemas en la tiroides, entre otros. Los científicos se preocupan -por ejemplo- por el aumento de anormalidades genitales en los bebes, como es el caso de testículos no descendidos o criptorquidia. Parece ser que los pequeños podrían ser los más afectados, en el vientre materno, donde resultan muy vulnerables.
Estas sustancias pueden ocasionar problemas enormes, incluso a dosis insignificantes. Se cree que todos los seres humanos estamos expuestos a estos perturbadores, que pueden estar en el agua “potable”, el aire, la comida o los fármacos. Se han detectado –incluso- en poblaciones de animales y de humanos alejadas de zonas urbanas o industriales, donde han llegado arrastradas por las corrientes marinas o atmosféricas.
Por eso fue prohibida la atrazina en algunos países, un herbicida que usamos en Colombia. Claro que aquí aplicamos hasta los prohibidos en el país, es el caso del endosulfan utilizado en cultivos de tomate, en forma ilegal. Hace poco una amiga me llamo para decirme que estaban vendiendo –en su barrio- DDT para matar cucarachas. Todos son considerados perturbadores endocrinos. El uso de hormonas en animales y humanos también es motivo de preocupación. Las inquietudes empezaron con una hormona sintética llamada dietilestilbestrol, o DES. En los años 40, 50 y 60 le fue recetada a millones de mujeres con problemas de embarazo. Y a vacas y pollos, para promover su rápido crecimiento. Años mas tarde, los estudios revelaron que el DES podía ocasionarle graves efectos secundarios a las madres…y a sus hijos e hijas.
A pesar de que los fabricantes intentan minimizar estos problemas, lo cierto es que muchos perturbadores han sido prohibidos y existen incontables programas de investigación en marcha. Me refiero –por supuesto- a otros países. No a Colombia donde la prioridad no es la investigación -ni la educación- sino la compra de aviones de guerra, el cierre de hospitales y la quiebra de los productores nacionales.
Un lector me escribe lo siguiente: “Usted mencionó la semana pasada a los perturbadores endocrinos, como si fueran un problema grave, comparable con los cambios climáticos o las guerras nucleares. Le agradecería ampliar la información”.
En los años 90 se generó una gran controversia en todo el mundo alrededor de la publicación del libro Nuestro Futuro Robado, con prólogo de Al Gore, exvicepresidente de los Estados Unidos. En éste, se analiza una información científica que le sigue las huellas a casos enigmáticos -pero crecientes- de defectos congénitos, anomalías sexuales y problemas de reproducción en animales… y humanos. Los autores relacionan estos problemas con la exposición a algunas sustancias químicas sintéticas. Estas, dirigen su acción contra el sistema endocrino, que regula procesos biológicos esenciales. De ahí su nombre: disruptores (del inglés) o perturbadores endocrinos.
El blanco de estas sustancias son las hormonas -los mensajeros químicos- y su entorno. No tienen una toxicidad aguda elevada pero… “sabotean las comunicaciones, siembran la desinformación” en órganos y tejidos. Los resultados: disminución de la fertilidad, penes muy pequeños, otras malformaciones genitales, cáncer y problemas en la tiroides, entre otros. Los científicos se preocupan -por ejemplo- por el aumento de anormalidades genitales en los bebes, como es el caso de testículos no descendidos o criptorquidia. Parece ser que los pequeños podrían ser los más afectados, en el vientre materno, donde resultan muy vulnerables.
Estas sustancias pueden ocasionar problemas enormes, incluso a dosis insignificantes. Se cree que todos los seres humanos estamos expuestos a estos perturbadores, que pueden estar en el agua “potable”, el aire, la comida o los fármacos. Se han detectado –incluso- en poblaciones de animales y de humanos alejadas de zonas urbanas o industriales, donde han llegado arrastradas por las corrientes marinas o atmosféricas.
Por eso fue prohibida la atrazina en algunos países, un herbicida que usamos en Colombia. Claro que aquí aplicamos hasta los prohibidos en el país, es el caso del endosulfan utilizado en cultivos de tomate, en forma ilegal. Hace poco una amiga me llamo para decirme que estaban vendiendo –en su barrio- DDT para matar cucarachas. Todos son considerados perturbadores endocrinos. El uso de hormonas en animales y humanos también es motivo de preocupación. Las inquietudes empezaron con una hormona sintética llamada dietilestilbestrol, o DES. En los años 40, 50 y 60 le fue recetada a millones de mujeres con problemas de embarazo. Y a vacas y pollos, para promover su rápido crecimiento. Años mas tarde, los estudios revelaron que el DES podía ocasionarle graves efectos secundarios a las madres…y a sus hijos e hijas.
A pesar de que los fabricantes intentan minimizar estos problemas, lo cierto es que muchos perturbadores han sido prohibidos y existen incontables programas de investigación en marcha. Me refiero –por supuesto- a otros países. No a Colombia donde la prioridad no es la investigación -ni la educación- sino la compra de aviones de guerra, el cierre de hospitales y la quiebra de los productores nacionales.
miércoles, octubre 12, 2005
Caso Curití: respuesta a la CAS
Columna publicada en Vanguardia Liberal en octubre 12 de 2005
En comunicado publicado el domingo en Vanguardia Liberal la CAS señala que, teniendo en cuenta mi columna del miércoles pasado, presenta un informe sobre los trámites seguidos para “el otorgamiento de los permisos ambientales” del proyecto de Incubadora Santander en Curití. Quede perplejo con este comunicado, muy parecido (sin los ataques personales) al que remitió el señor Enrique Muñoz a Hágase Oír. De los nueve puntos que contiene, ocho se refieren a la concesión de aguas otorgada. Como cualquiera puede verificar en columnas anteriores el punto concesiones (y demás “permisos ambientales”) no se menciona en mi escrito.
Me parece muy curioso que, si de verdad la nota de la CAS se refiere a mi columna, se explaye sobre un tema que no menciono y no hace referencia a lo que realmente planteo. ¿Tiene esto alguna lógica? Entiendo que el señor Muñoz pretenda desviar la atención de la ciudadanía, pero funcionarios de la CAS, que respeto y aprecio: ¿también? Me resisto a creerlo.
¿Cuál es el problema que menciono en mi columna anterior? La cosa es sencilla. Si a cualquier persona se le ocurre montar una fábrica de morcillas dietéticas, por ejemplo, uno de los trámites es informar a planeación municipal (en un municipio como Curití) de lo que va a hacer, y donde lo va a hacer. Los funcionarios verifican si el uso de suelo solicitado está de acuerdo con lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y, si no existen incompatibilidades en el uso del suelo (u otros problemas), lo aprueban. En caso contrario (por ejemplo, si el terreno fue declarado zona de protección de aguas) lo rechazan.
Por eso los empresarios previsivos se informan de la existencia de incompatibilidades, antes de comprar los predios. Nadie les está diciendo que no construyan su empresa, no; es importante generar empleo pero de acuerdo a lo que dicen la Constitución, las leyes y el sentido común.
En el caso de Curití, sin tener en cuenta el largo proceso del EOT y las incompatibilidades, lo cierto es que Incubadora Santander construyó sus obras (13 represas, vías y galpones) sin tener la licencia de Planeación. En oficio de marzo 2005 (cuando las obras ya se habían iniciado), la anterior directora de Planeación le informa al Concejo Municipal que en sus archivos “no aparece registrada ninguna solicitud” de Incubadora Santander para “permiso o licencia de construcción”. Así mismo, señala que el alcalde “comisionó al inspector para que suspendiera la obra”. Lo anterior, según lo dispuesto en el articulo 103 de la ley 388 de 1997 que prevé sanciones. Nadie sabe por qué el inspector no acató la orden del alcalde. El actual Secretario de Planeación confirma (julio 2005) que su despacho “no ha expedido licencia alguna al citado proyecto”.
La CAS argumenta en su comunicado que –según una circular externa del Minambiente- la construcción de galpones con estructuras livianas “no requiere de licencia de construcción”. Pero es que la misma circular advierte sobre la obligación de cumplir con los aspectos relacionados con el uso del suelo. Y no podría ser de otra forma ya que una simple circular no puede cambiar las leyes y menos las normas constitucionales. Por lo demás, la concesión de aguas no es una licencia para construir; ésta sólo la puede otorgar la Alcaldía, máxima autoridad municipal. Éste, y no otro, fue el asunto planteado en mi anterior columna.
En comunicado publicado el domingo en Vanguardia Liberal la CAS señala que, teniendo en cuenta mi columna del miércoles pasado, presenta un informe sobre los trámites seguidos para “el otorgamiento de los permisos ambientales” del proyecto de Incubadora Santander en Curití. Quede perplejo con este comunicado, muy parecido (sin los ataques personales) al que remitió el señor Enrique Muñoz a Hágase Oír. De los nueve puntos que contiene, ocho se refieren a la concesión de aguas otorgada. Como cualquiera puede verificar en columnas anteriores el punto concesiones (y demás “permisos ambientales”) no se menciona en mi escrito.
Me parece muy curioso que, si de verdad la nota de la CAS se refiere a mi columna, se explaye sobre un tema que no menciono y no hace referencia a lo que realmente planteo. ¿Tiene esto alguna lógica? Entiendo que el señor Muñoz pretenda desviar la atención de la ciudadanía, pero funcionarios de la CAS, que respeto y aprecio: ¿también? Me resisto a creerlo.
¿Cuál es el problema que menciono en mi columna anterior? La cosa es sencilla. Si a cualquier persona se le ocurre montar una fábrica de morcillas dietéticas, por ejemplo, uno de los trámites es informar a planeación municipal (en un municipio como Curití) de lo que va a hacer, y donde lo va a hacer. Los funcionarios verifican si el uso de suelo solicitado está de acuerdo con lo dispuesto en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y, si no existen incompatibilidades en el uso del suelo (u otros problemas), lo aprueban. En caso contrario (por ejemplo, si el terreno fue declarado zona de protección de aguas) lo rechazan.
Por eso los empresarios previsivos se informan de la existencia de incompatibilidades, antes de comprar los predios. Nadie les está diciendo que no construyan su empresa, no; es importante generar empleo pero de acuerdo a lo que dicen la Constitución, las leyes y el sentido común.
En el caso de Curití, sin tener en cuenta el largo proceso del EOT y las incompatibilidades, lo cierto es que Incubadora Santander construyó sus obras (13 represas, vías y galpones) sin tener la licencia de Planeación. En oficio de marzo 2005 (cuando las obras ya se habían iniciado), la anterior directora de Planeación le informa al Concejo Municipal que en sus archivos “no aparece registrada ninguna solicitud” de Incubadora Santander para “permiso o licencia de construcción”. Así mismo, señala que el alcalde “comisionó al inspector para que suspendiera la obra”. Lo anterior, según lo dispuesto en el articulo 103 de la ley 388 de 1997 que prevé sanciones. Nadie sabe por qué el inspector no acató la orden del alcalde. El actual Secretario de Planeación confirma (julio 2005) que su despacho “no ha expedido licencia alguna al citado proyecto”.
La CAS argumenta en su comunicado que –según una circular externa del Minambiente- la construcción de galpones con estructuras livianas “no requiere de licencia de construcción”. Pero es que la misma circular advierte sobre la obligación de cumplir con los aspectos relacionados con el uso del suelo. Y no podría ser de otra forma ya que una simple circular no puede cambiar las leyes y menos las normas constitucionales. Por lo demás, la concesión de aguas no es una licencia para construir; ésta sólo la puede otorgar la Alcaldía, máxima autoridad municipal. Éste, y no otro, fue el asunto planteado en mi anterior columna.
martes, octubre 11, 2005
miércoles, octubre 05, 2005
Curití: el agua del grifo está embarrada
Columna publicada en Vanguardia Liberal, miércoles 5 de octubre de 2005
Se agudiza la preocupación de los vecinos de Curití, a raíz del desarrollo de las obras civiles que adelanta Incubadora Santander, en su proyecto agroindustrial de cría de aves y vacas (ver antecedentes en columnas anteriores). El viernes asistí a una reunión, convocada por el filósofo, escritor y docente Javier Rondon, de Ecoverde, en la que representantes de las gentes del municipio expusieron los motivos de su inquietud, con documentos en la mano.
Empezaron por mostrar una garrafa llena de agua completamente embarrada, tomada de los grifos que distribuyen el agua “potable” en este municipio santandereano. Según los expositores, la calidad del agua se ha deteriorado a partir de los movimientos de tierra realizados para construir vías, galpones y represas, entre otros. El sábado, sin conocer lo tratado en la reunión del viernes, otro amigo del ambiente sano me comentó que campesinos de la zona del proyecto, habían solicitado su asesoría. Ellos aseguran que los buldózer están pasando sobre los nacimientos de agua: “debajo de la máquina brota el agua”.
El viernes, representantes de la veeduría ciudadana y el Consejo de Curití, resaltaron en un mapa las numerosas corrientes que circulan por los predios afectados. Un concepto de la Sociedad Geográfica de Colombia concluye que estos terrenos deben ser declarados como zona de protección, considerando sus características y su importancia para los habitantes de siete municipios. Se recomendó paralizar las obras. Un concepto de funcionarios de la CAS de 2001 (basado en estudios oficiales), le recomienda al director de la época adquirir los predios “para adelantar políticas y programas conservacionistas” ya que “el área es reconocida por su riqueza hídrica”. Todos estos conceptos fueron acogidos en el Esquema de Ordenamiento Territorial de Curití.
Vale la pena recordar que la ley 99 de 1993 dispone que “los nacimientos de agua y las zonas de recargas de acuíferos serán objeto de protección especial”. Y que “en la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad sobre cualquier uso”. La ley 99 también establece que “las autoridades y los particulares darán aplicación al principio de precaución”. Éste, no es una moda –como señalaba un colega columnista- sino un imperativo legal.
En la reunión del viernes se ratificó que las obras no cuentan con las correspondientes autorizaciones. Un oficio de julio 19 de 2005 del Secretario de Planeación e Infraestructura de Curití concluye: “esta dependencia no ha expedido licencia alguna para el citado proyecto”. Insisto, si el proyecto no cuenta con el visto bueno de las autoridades municipales ¿Cómo es posible que se estén adelantando obras? ¿Cómo se explica que el gobernador invite a la “apertura” de un proyecto no autorizado? ¿Qué opinan la Procuraduría y la CAS de todo esto?
Como muestra de solidaridad con los municipios afectados, se ha convocado a un Foro Ambiental en el parque de Curití y marcha a pescaderito para el próximo domingo. Un bus sale de la Biblioteca Gabriel Turbay a las 6:00 a.m. Informes: Javier Rondon (javierrondon47@hotmail.com), celular 3153391201. Ver Indymedia Colombia
martes, octubre 04, 2005
Glifosato: ¿mienten los funcionarios?
Columna de opinión publicada en Cátedra Libre (periódico institucional de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, No. 84, octubre 2005)
Una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes, encaminada a erradicar cultivos de coca en los parques nacionales de Colombia, reiteró en septiembre de 2005 el interés del gobierno del presidente Uribe de fumigar con glifosato estas reservas de la biodiversidad. Las personas se preguntan:
¿Es legal fumigar un parque natural?
El artículo 336 del Código Nacional de los Recursos Naturales y el decreto reglamentario 622 (Sistema de Parques Nacionales) de 1977 prohíben “el vertimiento (en parques), introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos”. ¿Puede el glifosato causar daño en un parque? El glifosato es un herbicida. Así que -por definición- esta diseñado para matar vegetales, que son los productores, el componente esencial de un parque natural. Thomas Spiro de la Universidad de Princenton, y otros, explica el mecanismo que “ocasiona la muerte de la planta” (1).
Este herbicida destruye muchas especies naturales y cultivos comerciales. De ahí que ha sido conveniente -para las multinacionales- el desarrollo de variedades transgénicas, que resisten el herbicida. Por supuesto que ambos productos, semillas y glifosato, son fabricados por transnacionales, como Monsanto y Syngenta (2). La ecuación es sencilla: más transgénicos = más glifosato.
El glifosato no sólo daña las plantas, sus efectos nocivos sobre la fauna son conocidos desde hace muchos años. El autor de esta nota dirigió una investigación sobre los efectos del producto en peces, que fue presentada en el II Simposio Internacional sobre Plaguicidas (Palmira, 1994). Los bioensayos confirmaron que el herbicida Roundup (glifosato más aditivos) es tóxico para los peces, con tendencia a ser altamente tóxico y se recomendó un cambio de categoría. Así mismo, se concluyó que los aditivos multiplican la toxicidad del producto (3). Investigaciones más recientes confirman los resultados (4). Otros estudios han demostrado sus efectos negativos sobre los mamíferos (5). Y la gente.
¿Es tóxico para las personas?
No existe un solo glifosato. En Colombia se utilizan la N-fosfonometil glicina (Roundup y otros nombres comerciales) y el glifosato trimesium (Coloso de Syngenta) (2). Los efectos de estos compuestos son diferentes. El trimesium ha ocasionado la muerte de niños y adultos, por ingestión. La velocidad de las muertes atribuidas al trimesium es superior a las ocurridas por el Roundup (6). En este sentido, la toxicidad aguda del trimesium es más elevada, a pesar de que la clasificación colombiana no refleja esta realidad. Pero, el hecho de tener una toxicidad aguda baja no significa que el Roundup sea inocuo. La toxicidad aguda (en la que se basa la clasificación colombiana) no considera los efectos en el largo plazo
Un estudio publicado este año (7) concluye que el Roundup-glifosato actúa como un disruptor endocrino, a concentraciones más bajas que las usadas en la agricultura. Los disruptores tienen una baja toxicidad aguda, pero afectan el sistema hormonal y pueden ocasionar malformaciones, aumento de los abortos, nacimientos prematuros y problemas de reproducción, entre otros. El problema no es solo para los agricultores –legales o ilegales- estos productos pueden estar en los alimentos, y las aguas, que después consumimos todos.
En el Farm Chemical Hambook de 1994 el glifosato ya estaba clasificado como extremadamente tóxico, por sus efectos sobre la piel humana y los ojos. Lo que confirman otros estudios, que reportan lesiones en la piel, síntomas del Mal de Parkinson, neumonitis toxica y shock cardiogénico en pacientes expuestos al herbicida (8, 9).
¿Qué dice el gobierno?
Mientras los estudios concluyen que el producto sí afecta las plantas, los animales y los humanos, el gobierno afirma lo contrario. El ministro del Interior y Justicia, Pretelt de la Vega, señaló: "está probado científicamente que el glifosato utilizado en Colombia para fumigar los cultivos ilícitos, no causa estragos en el medio ambiente ni representa riesgo para la salud, en contraposición a las críticas de organizaciones no gubernamentales e incluso del gobierno de Ecuador" (El Diario, 09/18/2005).
Lástima que el ministro no haya citado las pruebas científicas a las que hace referencia, ya que una revisión de la bibliografía especializada reciente nos conduce a una conclusión totalmente opuesta. De tal manera que para explicar las motivaciones de la contundente declaración oficial tenemos dos opciones: 1) los funcionarios del presidente Uribe no conocen la bibliografía especializada. 2) la conocen y mienten sin rubor. ¿Incompetentes o mentirosos? El lector sacará sus propias conclusiones
El discurso oficial es respaldado por influyentes columnistas de prensa –devotos del gobierno- como Eduardo Pizarro de El Tiempo (08/29/2005), quien pretende justificar la ilegal acción oficial, con el “argumento” que los narcotraficantes contaminan más en sus laboratorios de procesamiento de coca. Es decir, como los delincuentes deforestan y envenenan ilegalmente los parques, lo que hay que hacer es imitarlos, emularlos, contaminando aún más, para no quedarnos atrás en la carrera de acabar con lo poco que va quedando. El viejo truco de combatir los delitos con más delitos.
Ahora, si las fumigaciones contribuyeran a acabar el narcotráfico hasta podríamos considerar su aplicación. Pero las cifras sugieren que no; un informe de este año de la Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos, concluye que –a pesar de las fumigaciones- las hectáreas sembradas en el 2004 no se redujeron ni en un centímetro cuadrado. ¿Por qué no se ensayan otras opciones recomendadas por los estudiosos desde hace décadas? La respuesta sólo la tienen los gobernantes y sus asociados, en la política y los negocios.
1. Spiro T, Stigliane W, Química Medioambiental, Prentice Hall, España, 2003, p 429.
2. Diccionario de Especialidades Agroquímicas, Thomson PLM, edición 13, editorial PLM S.A., Colombia, 2003
3. Jiménez Silvia, Puente Jairo, Determinación de la concentración letal del Roundup en la especie Sarotherodon niloticus, II Simposio Internacional sobre Pesticidas, Palmira, 1994.
4. Effects of Roundup on Carps, University of Olsztin, Mar Environ Res , Polonia, Jul 2000.
5. Darvich J., Zirulnik F., Gimenez M., Effects of the herbicide Glyphosate in pregnant rats, Universidad San Luis, Environ Res Mar 2001
6. Sorensen FW, Gregersem M., Rapid letal Intoxication caused by the herbicide gliphosate trimessium, University of Aarhus, Denmark, 1999.
7. Seralini Gilles Eric et al, Differential Effects of Glyphosate and Roundup on Human Placental Cells and Aromatase, Université de Caen, France http://ehp.niehs.nih.gov/members/2005/7728/7728.html
8. Barboza ER, Leiros Dacosta, Parkinsonisn after glycine derivate exposure, Facultad de Medicina, Universidad Sao Paolo, Brasil, Mayo 2001
9. Departamento de Medicina Ocupacional de la Universidad de Ben Gurion (Israel) y el Departamento de Medicina Interna del Hospital Tzu Chi (Taiwán), 2001
Una resolución del Consejo Nacional de Estupefacientes, encaminada a erradicar cultivos de coca en los parques nacionales de Colombia, reiteró en septiembre de 2005 el interés del gobierno del presidente Uribe de fumigar con glifosato estas reservas de la biodiversidad. Las personas se preguntan:
¿Es legal fumigar un parque natural?
El artículo 336 del Código Nacional de los Recursos Naturales y el decreto reglamentario 622 (Sistema de Parques Nacionales) de 1977 prohíben “el vertimiento (en parques), introducción, distribución, uso o abandono de sustancias tóxicas o contaminantes que puedan perturbar los ecosistemas o causar daños en ellos”. ¿Puede el glifosato causar daño en un parque? El glifosato es un herbicida. Así que -por definición- esta diseñado para matar vegetales, que son los productores, el componente esencial de un parque natural. Thomas Spiro de la Universidad de Princenton, y otros, explica el mecanismo que “ocasiona la muerte de la planta” (1).
Este herbicida destruye muchas especies naturales y cultivos comerciales. De ahí que ha sido conveniente -para las multinacionales- el desarrollo de variedades transgénicas, que resisten el herbicida. Por supuesto que ambos productos, semillas y glifosato, son fabricados por transnacionales, como Monsanto y Syngenta (2). La ecuación es sencilla: más transgénicos = más glifosato.
El glifosato no sólo daña las plantas, sus efectos nocivos sobre la fauna son conocidos desde hace muchos años. El autor de esta nota dirigió una investigación sobre los efectos del producto en peces, que fue presentada en el II Simposio Internacional sobre Plaguicidas (Palmira, 1994). Los bioensayos confirmaron que el herbicida Roundup (glifosato más aditivos) es tóxico para los peces, con tendencia a ser altamente tóxico y se recomendó un cambio de categoría. Así mismo, se concluyó que los aditivos multiplican la toxicidad del producto (3). Investigaciones más recientes confirman los resultados (4). Otros estudios han demostrado sus efectos negativos sobre los mamíferos (5). Y la gente.
¿Es tóxico para las personas?
No existe un solo glifosato. En Colombia se utilizan la N-fosfonometil glicina (Roundup y otros nombres comerciales) y el glifosato trimesium (Coloso de Syngenta) (2). Los efectos de estos compuestos son diferentes. El trimesium ha ocasionado la muerte de niños y adultos, por ingestión. La velocidad de las muertes atribuidas al trimesium es superior a las ocurridas por el Roundup (6). En este sentido, la toxicidad aguda del trimesium es más elevada, a pesar de que la clasificación colombiana no refleja esta realidad. Pero, el hecho de tener una toxicidad aguda baja no significa que el Roundup sea inocuo. La toxicidad aguda (en la que se basa la clasificación colombiana) no considera los efectos en el largo plazo
Un estudio publicado este año (7) concluye que el Roundup-glifosato actúa como un disruptor endocrino, a concentraciones más bajas que las usadas en la agricultura. Los disruptores tienen una baja toxicidad aguda, pero afectan el sistema hormonal y pueden ocasionar malformaciones, aumento de los abortos, nacimientos prematuros y problemas de reproducción, entre otros. El problema no es solo para los agricultores –legales o ilegales- estos productos pueden estar en los alimentos, y las aguas, que después consumimos todos.
En el Farm Chemical Hambook de 1994 el glifosato ya estaba clasificado como extremadamente tóxico, por sus efectos sobre la piel humana y los ojos. Lo que confirman otros estudios, que reportan lesiones en la piel, síntomas del Mal de Parkinson, neumonitis toxica y shock cardiogénico en pacientes expuestos al herbicida (8, 9).
¿Qué dice el gobierno?
Mientras los estudios concluyen que el producto sí afecta las plantas, los animales y los humanos, el gobierno afirma lo contrario. El ministro del Interior y Justicia, Pretelt de la Vega, señaló: "está probado científicamente que el glifosato utilizado en Colombia para fumigar los cultivos ilícitos, no causa estragos en el medio ambiente ni representa riesgo para la salud, en contraposición a las críticas de organizaciones no gubernamentales e incluso del gobierno de Ecuador" (El Diario, 09/18/2005).
Lástima que el ministro no haya citado las pruebas científicas a las que hace referencia, ya que una revisión de la bibliografía especializada reciente nos conduce a una conclusión totalmente opuesta. De tal manera que para explicar las motivaciones de la contundente declaración oficial tenemos dos opciones: 1) los funcionarios del presidente Uribe no conocen la bibliografía especializada. 2) la conocen y mienten sin rubor. ¿Incompetentes o mentirosos? El lector sacará sus propias conclusiones
El discurso oficial es respaldado por influyentes columnistas de prensa –devotos del gobierno- como Eduardo Pizarro de El Tiempo (08/29/2005), quien pretende justificar la ilegal acción oficial, con el “argumento” que los narcotraficantes contaminan más en sus laboratorios de procesamiento de coca. Es decir, como los delincuentes deforestan y envenenan ilegalmente los parques, lo que hay que hacer es imitarlos, emularlos, contaminando aún más, para no quedarnos atrás en la carrera de acabar con lo poco que va quedando. El viejo truco de combatir los delitos con más delitos.
Ahora, si las fumigaciones contribuyeran a acabar el narcotráfico hasta podríamos considerar su aplicación. Pero las cifras sugieren que no; un informe de este año de la Oficina para el Control de Drogas de Estados Unidos, concluye que –a pesar de las fumigaciones- las hectáreas sembradas en el 2004 no se redujeron ni en un centímetro cuadrado. ¿Por qué no se ensayan otras opciones recomendadas por los estudiosos desde hace décadas? La respuesta sólo la tienen los gobernantes y sus asociados, en la política y los negocios.
1. Spiro T, Stigliane W, Química Medioambiental, Prentice Hall, España, 2003, p 429.
2. Diccionario de Especialidades Agroquímicas, Thomson PLM, edición 13, editorial PLM S.A., Colombia, 2003
3. Jiménez Silvia, Puente Jairo, Determinación de la concentración letal del Roundup en la especie Sarotherodon niloticus, II Simposio Internacional sobre Pesticidas, Palmira, 1994.
4. Effects of Roundup on Carps, University of Olsztin, Mar Environ Res , Polonia, Jul 2000.
5. Darvich J., Zirulnik F., Gimenez M., Effects of the herbicide Glyphosate in pregnant rats, Universidad San Luis, Environ Res Mar 2001
6. Sorensen FW, Gregersem M., Rapid letal Intoxication caused by the herbicide gliphosate trimessium, University of Aarhus, Denmark, 1999.
7. Seralini Gilles Eric et al, Differential Effects of Glyphosate and Roundup on Human Placental Cells and Aromatase, Université de Caen, France http://ehp.niehs.nih.gov/members/2005/7728/7728.html
8. Barboza ER, Leiros Dacosta, Parkinsonisn after glycine derivate exposure, Facultad de Medicina, Universidad Sao Paolo, Brasil, Mayo 2001
9. Departamento de Medicina Ocupacional de la Universidad de Ben Gurion (Israel) y el Departamento de Medicina Interna del Hospital Tzu Chi (Taiwán), 2001
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