LA BOMBA SOCIAL COLOMBIANA

Publicado en Vanguardia Liberal en julio 25 de 2012

En la Matanza de la Rubiera -ocurrida en 1967- un grupo de colonos de los llanos orientales invitó a 18 indígenas, para supuestamente entregarles  ropa y comida. Los indios  aceptaron la invitación y -cuando se encontraban en la mesa- fueron salvajemente  asesinados. En 1972, durante el juicio, uno de los acusados soltó una frase estremecedora: “No creíamos que matar indios fuera malo”. Y sí, en esos años no era considerado -en algunas regiones de Colombia- un delito matar indios; existían expresiones como "cuiviar" y "guahibiar", para referirse a la  caza de indios cuiva y guahibo.

 El Cauca –donde se desarrollan por estos días protestas indígenas- fue el escenario de las luchas del legendario Quintín Lame, perseguido y encarcelado a principios del siglo XX por acciones de defensa de su pueblo.  Las matanzas de indígenas se iniciaron durante la invasión europea, pero no terminaron con la presunta independencia. Siguen hasta nuestros días, hasta mayo 2012 la Organización Indígena de Colombia reportó “24 asesinatos de indígenas; la mayoría de Cauca, Nariño y Antioquia”. Las balas llegan de todos los lados.

Claro que no son solo los indios los que padecen atropellos en Colombia; son todos aquellos que se atreven a protestar y reclamar sus derechos, en uno de los países más injustos del planeta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reportó (informe de 2011) que muchos “líderes sindicales, indígenas, afrodescendientes y desplazados, se encuentran en riesgo de sufrir ataques contra su vida”.

Problemas estructurales que los gobiernos pretenden solucionar aumentando cada vez más la fuerza pública; integrada en su mayoría por mestizos y mulatos empujados a combatir contra sus iguales. La tradicional guerra de pobres contra pobres; unos tratan de sobrevivir en el narcotráfico o las “Bacrin”, otros en la guerrilla y otros más se alistan en las fuerzas armadas. El problema es que las demenciales políticas macroeconómicas solo están generando más desempleo en el campo y la ciudad. Y esto solo puede significar más pobreza y -por supuesto- más inseguridad.

El presidente Santos, aparte de tomar distancia de la gallada de la narcoparapolítica que rodeaba a su antecesor, sigue la misma cartilla neoliberal que alimenta la bomba social que  podría explotarnos en la cara. A menos que el presidente convierta esta profunda crisis en una oportunidad para emprender las reformas que requiere con urgencia este sufrido país.

Del Curacron al “oso” ministerial

Publicado en Vanguardia Liberal en julio 18 de 2012

Esto es el colmo. Caracol Radio informó que el jueves de la semana pasada  cerraron las oficinas de  la “Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) de Bogotá por contaminación con un insecticida”. Se informó que 27 personas fueron afectadas por la aplicación del plaguicida Curacron a “unas plantas localizadas en el cuarto piso de la sede”. La aplicación ocurrió varios días antes, ya que el martes anterior la revista Semana informó sobre una  grave emergencia, que obligó a evacuar el edificio de la SDA. El incidente fue motivado por “la filtración de una sustancia química” no identificada que afectó a ocho personas.

Es decir, el martes se presentó la aplicación del plaguicida que generó la evacuación del personal, que poco después regresó a sus labores. El personal regresó  sin que los directivos hubiesen verificado  que la contaminación estaba neutralizada. Ese error llevó a que solo hasta el jueves se percataran de la gravedad del asunto, y así fueron intoxicadas otras 27 personas.

El principio activo del Curacron es el insecticida organofosforado profenofos, clasificado en categoría II, o sea “Altamente Toxico”.  Los mismos distribuidores del insecticida advierten que “este producto puede ser mortal si se ingiere o se inhala, puede causar daños a los ojos y a la piel”. Por lo mismo, estos productos se autorizan para ser aplicados en los campos de cultivo, no en espacios cerrados, o cerca de ellos. Si son peligrosos al aire libre pues mucho más en espacios cerrados.

Este tipo de equivocaciones ocasionan muchas muertes en el mundo; el fin de semana pasado también se informó que una madre  mató accidentalmente a su hijo al confundir un insecticida con vitamina C.

Ahora, que estos errores los cometa un ciudadano de la calle, por simple desinformación, es un hecho lamentable pero comprensible. Lo que si resulta difícil de digerir es que la entidad encargada de “Promover el ambiente sano en el Distrito Capital” incurra en este tipo de embarradas, que pueden ser mortales.

Claro que el mal ejemplo viene de arriba. ¿Qué se puede esperar de un país donde una ex ministra de ambiente (Beatriz Uribe) fue incapaz de responderle a un representante de la Unión Europea (y a periodistas) una pregunta sobre la definición de  Desarrollo Sostenible? Ver nota de El Espectador: El “oso” de la Ministra. 

Menos leguleyadas y más educación y empleo

Publicado en Vanguardia Liberal en julio 11 de 2012

El director de Colciencias  renunció hace poco pues observó “incongruencias entre las metas que acordó con el presidente y los recursos que le entregan”. Denunció que -cada año- hay menos plata para apoyar programas de ciencia y tecnología para niños, jóvenes y adultos. Y añadió: “Todo país que quiera hacer un desarrollo en ciencia y tecnología tiene que tener unas sólidas ciencias básicas”.

Cualquier persona medianamente informada sabe que la clave del desarrollo sostenible es la inversión en ciencias. El gobierno desgastó al país el año pasado en la fracasada reforma educativa. Pero ¿para qué sirven las reformas educativas si cada vez se invierte menos en educación e investigación?

“No es necesaria una reforma constitucional para mejorar la justicia”,  dijo la nueva ministra. Agregó la jurista: “la verdadera reforma consiste en un cambio de mentalidad y en una mayor asignación de recursos”. En este país se pretende solucionar los problemas reformando la Constitución o las leyes. Lo más grave es que algunas iniciativas terminarían por agravarlos, como la -a buena hora- frenada reforma a la justicia.

Pero después del anterior fiasco, el ex presidente Uribe y sus secuaces (principales beneficiarios del engendro) proponen una Constituyente para reformar la misma justicia que la ministra dice que puede mejorarse sin piruetas constitucionales. ¿Cuántos  proyectos de generación de empleo, de vivienda o educativos podrían despegar con la plática que se despilfarraría en la tal constituyente uribista?  Y si la gente tiene mayor acceso al empleo, la vivienda o la educación es seguro que los índices de inseguridad bajarían y los juzgados se descongestionarían. Como ha ocurrido en  países que entendieron que hay que "abrir escuelas para cerrar cárceles" (Víctor Hugo).

 Los pocos ultra-uribistas que están fuera de la cárcel  también proponen reformar  el Congreso. Pero ¿qué hacemos  reformando el Congreso si la mayoría de los colombianos –asediados por las necesidades- siguen eligiendo a los que compran votos, con plata “legal” o “ilegal”?  

Lo mismo para  las  Corporaciones Autónomas Regionales. Cuando llegó, el presidente Santos anunció una reforma a las mismas, que también fracasó. Pero ¿de qué sirven las reformas si seguimos eligiendo directores de corporaciones que no tienen la menor idea sobre el tema? Más barato y efectivo sería una directriz del gobierno exigiendo la aplicación de la meritocracia (no de la politicocracia) en las mentadas elecciones. 

LA DESAPARICIÓN DE LAS ISLAS

Publicado en Vanguardia Liberal en julio 4 de 2012

Las islas son sitios -en verdad- paradisiacos. Las conozco muy bien desde niño ya que la casa de mis padres en Cartagena se encontraba ubicada a unos 100 metros de la bahía. Y muy cerca existía una pequeña isla, que llamábamos la Isla del Diablo.

Hoy no quedan rastros de esa islita que visitábamos con frecuencia (en canoas) los niños y jóvenes de esos lejanos años cincuenta y sesenta. Todo ese sector de la bahía fue rellenado y pavimentado para la construcción de muelles y bodegas y pocos rastros quedan de esos bellos y productivos paisajes. Productivos porque en esos sitios los pescados, camarones, caracoles  y cangrejos abundaban; no recuerdo que la gente “pobre” se quejara de hambre en esos años. Es la diferencia con la pobreza de hoy.

Aparte de problemas relacionados con la alocada expansión urbana que se practica en países como Colombia, las islas están amenazadas de desaparición por el incremento del nivel de los mares generado por el calentamiento global; fenómeno pronosticado hace más de 20 años por los científicos.

Infortunadamente  estas predicciones se transformaron en una inquietante realidad. Un  informe del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (publicado en El Tiempo, domingo pasado) advierte que el fenómeno marino amenaza los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas del Rosario y otras islas colombianas. Estas zonas pierden –en promedio- un metro de playa cada año. Sobre la perdida de playas en Cartagena, a causa del aumento del nivel del mar, he escrito varias notas en este espacio, la última en diciembre 28 del año pasado.

 

En el año 2006 escribí un artículo en  Cátedra Libre de la UIS sobre un informe elaborado por el economista Nicholas Stern, antiguo vicepresidente del Banco Mundial. El informe pronosticaba que, si no se tomaban medidas inmediatas,  el incremento del nivel del mar y otros fenómenos ligados al cambio climático desplazarían a millones de personas en el mundo y ocasionarían pérdidas económicas incalculables.

Sin embargo, a pesar de estos sonoros campanazos de alerta, ya en esos años existía mucho pesimismo sobre el Protocolo de Kyoto,  suscrito supuestamente para controlar las emisiones de gases  invernadero.  Acaba de terminar otra Cumbre Mundial y el pesimismo tiende a aumentar.  El titulo de un artículo de la OECD resume el fiasco global: Rio + 20 = 0.