Publicado en Vanguardia Liberal en marzo de 2011
En columnas anteriores he aplaudido el distanciamiento que tomó, desde su posesión, el Presidente Santos del catastrófico gobierno anterior. No hay punto de comparación entre los actuales ministros y altos funcionarios y la chusma que rodeó a Álvaro Uribe. Además, hay que abonarle a Santos que ha permitido el destape de las mil y una vagabunderías cometidas durante la anterior administración. A uno de los consentidos de Uribe, alias Uribito, le acaban de embargar sus bienes por el monumental escándalo de Agro Ingreso Seguro. Y esto es sólo la puntica del corrompido témpano.
Gracias al histórico fallo de la Corte Constitucional (hace un año) que negó la reelección, nos libramos de entrar a un régimen dictatorial del que no lograron escapar –por ejemplo- los pobres venezolanos, que llevan 12 años padeciendo al déspota de Chávez.
Sin embargo, en lo relacionado con el modelo de desarrollo, este gobierno no se diferencia mucho del anterior, como ya lo han advertido economistas como Eduardo Sarmiento: “Las verdaderas locomotoras del Plan de Desarrollo son la minería y la infraestructura física, y ambas relegan la industria y la agricultura a un tercer plano”. Locomotoras que son las “que menos generan empleo”.
Por lo demás, la dinámica neoliberal disparó las importaciones en detrimento de la producción industrial y agrícola nacional. Es decir, menos empleo para millones de jóvenes que sólo encuentran medios de subsistencia en la ilegalidad.
Una piedra en el zapato para las locomotoras neoliberales son los trámites para lograr las licencias y permisos ambientales. De ahí que este gobierno (como el anterior) no se preocupa por fortalecer el sector ambiental sino en debilitarlo. Por ejemplo, si el gobierno quería realmente enderezarle el rumbo al Sistema Nacional Ambiental tenía que colocar al frente del Minambiente a un o una profesional competente e independiente.
Pero no, el presidente Santos nombró a Beatriz Uribe, antigua gerente de la campaña de Uribito, quien insertó en el Minambiente a varios de los uribistas implicados en el mega escándalo Agro Ingreso Seguro. Para completar, ahora pretende meter un gravísimo mico en el Plan de Desarrollo al fijarle al Minambiente un término de 90 días para expedir las licencias ambientales. Si el Ministerio no se pronuncia en ese tiempo se otorgaría automáticamente la licencia. Si esto se aplicara al caso de la Greystar ya esta empresa tendría su licencia.
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