Licencia a Greystar es un imposible legal

Publicado en Vanguardia Liberal en diciembre 1 de 2010

El pasado 21 de noviembre se realizó en California la Audiencia Pública solicitada por diferentes ONG al Ministerio de Ambiente, dentro del trámite de la licencia ambiental solicitada por Greystar. Paradójicamente, la mayoría de los solicitantes no pudieron participar ya que –como se le había advertido al Ministerio- la vía estaba bloqueada. Sólo pasaron vehículos pequeños, no los buses.

Uno que no logró llegar fue el geólogo Julio Fierro, maestría en Geotecnia y exasesor del Minambiente, quien pidió y obtuvo una rectificación del periódico El Frente (el mismo que censuró dos importantes columnistas) que le atribuyó unas declaraciones favorables al proyecto de la Greystar en la Audiencia. Fierro ratifica que no pudo llegar y además advierte: “he expresado profundas reservas ante un proyecto que pretende dañar de manera irreversible el Páramo Santurbán, pues generaría casi mil millones de toneladas de residuos sólidos donde hay 100 veces más arsénico que oro”. Las inquietudes sobre el arsénico se suman a las ya existentes sobre el cianuro.

Un pronunciamiento importante en la Audiencia fue el de la Cdmb; la autoridad ambiental concluye: “Desde el punto de vista legal la Cdmb encuentra serias dudas para su licenciamiento ambiental, en razón a lo dispuesto en la Ley 1382 de 2010, en la cual se precisa como zona excluible de la minería el ecosistema de páramo, encontrándose un importante porcentaje del proyecto en este ecosistema”.

Igualmente confirma que la Greystar se le metio en el rancho a la Cdmb: “el proyecto está ocupando un predio de la Cdmb en la quebrada Angostura, adquirido para conservar este estratégico ecosistema”. Felicitaciones a la directora y funcionarios de la Cdmb, sometidos probablemente a fuertes presiones.

No veo cómo el Ministerio de Ambiente le va a otorgar una licencia ambiental a un proyecto que es claramente ilegal.

El prevaricato es un delito asociado al “incumplimiento de los deberes de un funcionario público” que -se supone- debe cumplir y hacer cumplir la ley; por lo que no puede “Emitir resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la ley”, sobre todo a “sabiendas que dicha resolución es injusta”. Con el pronunciamiento de la CDMB, de la Asamblea, el Senado y otros, la ministra no puede alegar que no sabía en qué aguas pantanosas se sumergiría si llega a otorgar la licencia ambiental de marras.