Columna publicada en Vanguardia Liberal en agosto 20 de 2008
Siguiendo las recomendaciones de un médico amigo empecé a consumir bebidas preparadas con avena cruda en grano en lugar de avena procesada. Comprobé que esta preparación es fácil y que las bebidas tienen un mejor sabor y son más nutritivas.
Pero, además, la diferencia de precio entre uno y otro producto es enorme. Un kilo de avena en grano cuesta 3.200 pesos en un almacén cercano a la Plaza Sur. Mientras que uno de avena en hojuela -en un supermercado- tiene un valor que oscila entre 8.400 y 11.000 pesos. La avena instantánea cuesta entre 12.600 y 14.900 pesos el kilo. Similares diferencias de precio y calidad encontramos entre los jugos procesados y naturales, la leche, las harinas y los flanes y mayonesas preparados en casa al compararlos con los empaquetados.
De tal manera que cualquiera pensaría que, en un país que cuenta con millones de desnutridos y pobres, y con un escandaloso aumento del costo de vida, el gobierno debería promover el consumo de alimentos no procesados, que resultan más nutritivos y económicos que los otros. Se beneficiarían además los pequeños y medianos productores y comerciantes nacionales, que son gremios que tienden a desaparecer bajo los últimos gobiernos, que sólo les apuestan a las transnacionales y los grandes empresarios.
Los ejemplos sobran. El pasado 24 de julio, y en medio del debate nacional sobre los cuestionados (y por fortuna aplazados) decretos que prohiben la venta de leche cruda, el presunto ministro de Agricultura confesó (Portafolio): “Estamos trabajando para que los agroindustriales puedan absorber más producto y, a su vez, sea menor la cantidad que entre por los canales informales”.
El propósito es –entonces- apoyar a los grandes empresarios (como en el caso Carimagua y otros) y eliminar a los pequeños. De paso –con la prohibición de la leche cruda- perjudicar a consumidores que deben pagar el doble de precio por la leche pasteurizada. Es un hecho que la leche cruda hay que hervirla y que algunos (no todos) le agregan agua y tóxicos para evitar que se dañe. Pero la solución no puede ser quitarles el trabajo a los más vulnerables, sino fortalecer las entidades encargadas de la asesoría y el control, en lugar de debilitarlas o acabarlas, que es lo que ha ocurrido en los últimos gobiernos ultra-neoliberales.
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