Señalaba el senador Gustavo Petro, la semana pasada, que: “lo que hay en el Congreso es lo que escogió la sociedad, cada sociedad se merece los dirigentes que tiene”. Cierto, pues sería ingenuo pensar que la corrupción es un patrimonio exclusivo de los elegidos, ya que los electores también tienen su cuota de responsabilidad. Es necesario admitir que vivimos en una sociedad permeada por la corrupción y la ilegalidad, en todos los niveles.
Desde los humildes raspachines e incontables vendedores de libros y discos piratas, hasta altos funcionarios y congresistas que hacen negocios con el poder político. Pasando por ciudadanos de clase media, que participan en pequeños sobornos o acolitan los tejemanejes electorales. Lo más grave es que muchos de estos ciudadanos no distinguen la línea que separa lo legal de lo ilegal.
El economista Jorge Luís Garay señalaba, en 1999, que “la creciente fragmentación del tejido social y la perdida de convivencia ciudadana” en Colombia estaban llevando, no sólo a un deterioro de las conductas ciudadanas, sino también de las relaciones sociales y políticas en la sociedad, es lo que llamó “la cultura mafiosa”. Otros autores, como Jorge Iván González de la Universidad Externado, han hecho precisiones sobre el fenómeno y han planteado propuestas (no solo represivas) para superarlo. Infortunadamente, el análisis de los académicos coincide con la realidad.
El ultimo informe de Transparencia Internacional sobre la corrupción “no deja bien parado a Colombia”. No es para menos, nuestro país recibió una calificación de 3.9 sobre 10, es decir, menos de 2 sobre 5. Si se tratara de una nota escolar diríamos que al alumno le fue muy mal en su examen. Más grave aun: según el informe la cosa se agravó con relación al 2005. Esto, después de 4 años de gobierno de un presidente que prometió acabar con la corrupción. El anterior resultado no es una infamia de la oposición, sino la calificación de una reconocida entidad independiente.
La lista de los países menos corruptos es encabezada por Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda que tuvieron una nota de 9.6. Chile se destacó en América Latina con 7.3. En la cola se encuentran países que están en la olla total, como Haití. De ahí que una de las conclusiones de este y otros informes es que “corrupción y pobreza van de la mano”. No sobra insistir en que el control de la corrupción no es sólo un imperativo ético, sino una estrategia esencial para mejorar la calidad de vida de la mayoría. En el mismo sentido, las estrategias no pueden ser solo de tipo judicial-policial, ya que el problema en Colombia es complejo y estructural.
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