Columna publicada en Vanguardia Liberal en noviembre 1 de 2006
La decisión presidencial de suspender los contactos tendientes a lograr un intercambio humanitario con las FARC, después del atentado al “corazón militar” de Colombia, sigue generando polémica. Anotaba Juan Carlos Lecompte, esposo de Ingrid Betancourt: “si fueron las Farc, hay que recordar que un acuerdo humanitario se desarrolla en medio de la guerra. ¿Cuánta gente no han matado los paramilitares, y siguen en el proceso? Ambos grupos son igual de terroristas y narcotraficantes. Pagamos por una bomba que no pusimos”.
Por lo demás, el presidente responsabilizó a las FARC, pero leí en las noticias de ayer que el fiscal Mario Iguarán: “reafirmó que hasta el momento (lunes 30) no cuenta con elementos para señalar a las Farc como responsables del atentado en la Escuela Superior de Guerra”. ¿Entonces? ¿A quien creerle? El presidente dijo que debemos creerle a su gobierno pues este nunca se equivoca; el problema es que los hechos lo contradicen.
En el macabro incidente de Cajamarca (2004), por ejemplo, el presidente llegó al sitio de la masacre de 5 campesinos y emitió su veredicto. “Fue un error” de los militares, afirmó. Pero ya sabemos que no fue un error sino un horror. Uno de los soldados implicados en la matanza sostuvo (agosto 2006) que su superior realizó una rifa entre “los miembros de su patrulla para escoger quién debía quitarle la vida al campesino que aún estaba herido”.
Otro ejemplo de la credibilidad oficial tiene que ver con el comunicado leído en septiembre pasado por el Comandante del Ejército. El general Mario Montoya reveló que “cuatro oficiales del Ejército están implicados en un atentado con bomba que mató a un civil e hirió a diez soldados, el 31 de julio en Bogotá, como parte de un montaje para mostrar resultados positivos”. El general sostuvo que el ataque, “atribuido inicialmente a la guerrilla de las FARC, al parecer, no corresponde a la realidad”. Sin embargo, más tarde la fiscalía y el mismo presidente pusieron en duda la participación de los oficiales, contradiciendo así a su general.
La cadena de equivocaciones parece no tener fin. Hace unos días, Uribe le pidió excusas al presidente de Ecuador por las “imprudentes” declaraciones de su embajador sobre la supuesta presencia de Raúl Reyes en ese país y en septiembre desautorizó las afirmaciones de su embajador en la OEA, sobre el presunto procesamiento de uranio en Venezuela. No estoy diciendo aquí que no debemos creerle al gobierno sino a las FARC, no, sencillamente que si el gobierno pretende que le creamos debe dejar de meter la pata con tanta frecuencia.
La decisión presidencial de suspender los contactos tendientes a lograr un intercambio humanitario con las FARC, después del atentado al “corazón militar” de Colombia, sigue generando polémica. Anotaba Juan Carlos Lecompte, esposo de Ingrid Betancourt: “si fueron las Farc, hay que recordar que un acuerdo humanitario se desarrolla en medio de la guerra. ¿Cuánta gente no han matado los paramilitares, y siguen en el proceso? Ambos grupos son igual de terroristas y narcotraficantes. Pagamos por una bomba que no pusimos”.
Por lo demás, el presidente responsabilizó a las FARC, pero leí en las noticias de ayer que el fiscal Mario Iguarán: “reafirmó que hasta el momento (lunes 30) no cuenta con elementos para señalar a las Farc como responsables del atentado en la Escuela Superior de Guerra”. ¿Entonces? ¿A quien creerle? El presidente dijo que debemos creerle a su gobierno pues este nunca se equivoca; el problema es que los hechos lo contradicen.
En el macabro incidente de Cajamarca (2004), por ejemplo, el presidente llegó al sitio de la masacre de 5 campesinos y emitió su veredicto. “Fue un error” de los militares, afirmó. Pero ya sabemos que no fue un error sino un horror. Uno de los soldados implicados en la matanza sostuvo (agosto 2006) que su superior realizó una rifa entre “los miembros de su patrulla para escoger quién debía quitarle la vida al campesino que aún estaba herido”.
Otro ejemplo de la credibilidad oficial tiene que ver con el comunicado leído en septiembre pasado por el Comandante del Ejército. El general Mario Montoya reveló que “cuatro oficiales del Ejército están implicados en un atentado con bomba que mató a un civil e hirió a diez soldados, el 31 de julio en Bogotá, como parte de un montaje para mostrar resultados positivos”. El general sostuvo que el ataque, “atribuido inicialmente a la guerrilla de las FARC, al parecer, no corresponde a la realidad”. Sin embargo, más tarde la fiscalía y el mismo presidente pusieron en duda la participación de los oficiales, contradiciendo así a su general.
La cadena de equivocaciones parece no tener fin. Hace unos días, Uribe le pidió excusas al presidente de Ecuador por las “imprudentes” declaraciones de su embajador sobre la supuesta presencia de Raúl Reyes en ese país y en septiembre desautorizó las afirmaciones de su embajador en la OEA, sobre el presunto procesamiento de uranio en Venezuela. No estoy diciendo aquí que no debemos creerle al gobierno sino a las FARC, no, sencillamente que si el gobierno pretende que le creamos debe dejar de meter la pata con tanta frecuencia.
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