Columna publicada en Vanguardia Liberal en noviembre 15 de 2006
El pasado 26 de octubre, durante un consejo de seguridad en Buenaventura, el presidente Álvaro Uribe acusó al exsecretario de Gobierno de interceder por narcotraficantes. Lo anterior, sin mediar -en forma previa- ningún tipo de fallo o investigación. El resultado del show presidencial fue que el señor fue liberado más tarde, pues no existía ninguna queja en su contra. Después de analizar la incidencia de algunos cuestionados personajes sobre la gestión pública en Buenaventura y el Valle del Cauca, Daniel Coronel advertía en Semana: “Si el gobierno realmente está interesado en acabar con la corrupción y el crimen en Buenaventura (este año van casi 300 muertos), debería saber que el tema no empieza ni termina en un secretario municipal. Si quiere conocer sobre la penetración de la mafia en el Pacífico, debería escarbar un poco en la lista de sus propios aliados”.
Toca preguntarse: ¿Por qué el presidente fue tan duro con el pequeño funcionario pero no dijo ni pío sobre los señalamientos a algunos de los jefes y patrocinadores políticos de ese departamento?
Claro que la coyuntura no esta nada fácil para el uribismo, ya que en el Valle, como en la costa atlántica, en Antioquia, en Uraba o los Llanos, todos esos políticos y financistas que han sido cuestionados desde hace años, apoyaron la elección y la reelección de Uribe. De ahí que es comprensible que el presidente no se haya referido directamente a la orden de captura de los congresistas y diputados uribistas en Sucre.
Tampoco dijo mayor cosa cuando detuvieron a la Gata, próspera empresaria uribista de la Costa. Ni cuando fue destituido el Superintendente de Notariado y Registro, acusado de múltiples irregularidades, entre otras, la financiación de la campaña de su uribista hermano, el presidente de la Cámara de Representantes, quien participó en la emotiva entrega de Jorge 40. Son muchos los votos que pusieron estos y otros personajes en la elección y la reelección presidencial.
La acción de la Corte Suprema contra los congresistas de Sucre confirma las viejas denuncias que relacionan a un sector de la clase política y empresarial con el narcoparamilitarismo. Es un fenómeno complejo que sólo empezará a ser desmontado cuando se conozcan los hechos y se determinen responsabilidades, algo en lo que el gobierno parece no estar interesado. ¿Corre el riesgo de perder más aliados? El fenómeno tampoco será controlado mientras no se cambie la orientación de un antimodelo de desarrollo que sólo produce corrupción, desempleo, desigualdad, pobreza e ignorancia. Excelente caldo de cultivo para todas las formas de violencia que padece este sufrido país.
El pasado 26 de octubre, durante un consejo de seguridad en Buenaventura, el presidente Álvaro Uribe acusó al exsecretario de Gobierno de interceder por narcotraficantes. Lo anterior, sin mediar -en forma previa- ningún tipo de fallo o investigación. El resultado del show presidencial fue que el señor fue liberado más tarde, pues no existía ninguna queja en su contra. Después de analizar la incidencia de algunos cuestionados personajes sobre la gestión pública en Buenaventura y el Valle del Cauca, Daniel Coronel advertía en Semana: “Si el gobierno realmente está interesado en acabar con la corrupción y el crimen en Buenaventura (este año van casi 300 muertos), debería saber que el tema no empieza ni termina en un secretario municipal. Si quiere conocer sobre la penetración de la mafia en el Pacífico, debería escarbar un poco en la lista de sus propios aliados”.
Toca preguntarse: ¿Por qué el presidente fue tan duro con el pequeño funcionario pero no dijo ni pío sobre los señalamientos a algunos de los jefes y patrocinadores políticos de ese departamento?
Claro que la coyuntura no esta nada fácil para el uribismo, ya que en el Valle, como en la costa atlántica, en Antioquia, en Uraba o los Llanos, todos esos políticos y financistas que han sido cuestionados desde hace años, apoyaron la elección y la reelección de Uribe. De ahí que es comprensible que el presidente no se haya referido directamente a la orden de captura de los congresistas y diputados uribistas en Sucre.
Tampoco dijo mayor cosa cuando detuvieron a la Gata, próspera empresaria uribista de la Costa. Ni cuando fue destituido el Superintendente de Notariado y Registro, acusado de múltiples irregularidades, entre otras, la financiación de la campaña de su uribista hermano, el presidente de la Cámara de Representantes, quien participó en la emotiva entrega de Jorge 40. Son muchos los votos que pusieron estos y otros personajes en la elección y la reelección presidencial.
La acción de la Corte Suprema contra los congresistas de Sucre confirma las viejas denuncias que relacionan a un sector de la clase política y empresarial con el narcoparamilitarismo. Es un fenómeno complejo que sólo empezará a ser desmontado cuando se conozcan los hechos y se determinen responsabilidades, algo en lo que el gobierno parece no estar interesado. ¿Corre el riesgo de perder más aliados? El fenómeno tampoco será controlado mientras no se cambie la orientación de un antimodelo de desarrollo que sólo produce corrupción, desempleo, desigualdad, pobreza e ignorancia. Excelente caldo de cultivo para todas las formas de violencia que padece este sufrido país.
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