La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos -Louise Arbour- presentó una propuesta para reconocer el derecho a la verdad; como un derecho “autónomo e inalienable”. Se pretende otorgarle a este derecho la misma importancia que se les da al derecho a la vida, a la salud, al ambiente sano y a otros consagrados en la mayoría de los países. La iniciativa se origina en las experiencias con comisiones de la verdad en África y Centro y Suramérica, en las que se buscaba conocer “la suerte y el paradero” de los desaparecidos durante las dictaduras y conflictos bélicos.
Para Arbour, toda sociedad tiene derecho “a conocer la verdad sobre los acontecimientos del pasado que se refieran a la comisión de crímenes aberrantes, así como las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron, a fin de evitar que se repitan en el futuro”.
Es decir, si la sociedad acepta un determinado grado de impunidad para los responsables, lo que espera a cambio es que cesen y no se repitan las desapariciones, los asesinatos y los negocios turbios. Se trata de una propuesta de gran vigencia en Colombia, donde se desarrolla un “proceso de paz” en el que la verdad brilla por su ausencia. Basta con leer las explosivas noticias relacionadas con el computador de Jorge 40, la entrevista con Vicente Castaño, las declaraciones de convictos sobre el montaje de falsos atentados y desmovilizaciones y otros hechos de la mayor gravedad.
Es el caso de la continuación de las amenazas y los asesinatos, la semana pasada fue masacrado un estudiante en la Universidad del Valle. Hace poco me refería al asesinato de un profesor en la Universidad de Antioquia y a las amenazas proferidas contra docentes, sindicalistas y lideres comunales.
Para algunos, el derecho a la verdad debería ir más allá de los crímenes atroces y aplicarse a todos los niveles de la vida de los ciudadanos. Pues lo cierto es que vivimos en sistemas políticos en los que los gobiernos mienten sistemáticamente. En Estados Unidos, en Hungría y por supuesto en Colombia. Aquí se nos quiere hacer creer que las cosas marchan bien, a pesar de que los indicadores y la cotidianidad sugieren lo contrario. Y son los colombianos más pobres los que menos se percatan de esta realidad. Estas personas no tienen acceso a la lectura de revistas, periódicos, libros o Internet. De ahí que su fuente de información es la mediocre televisión nacional, y ahí ya sabemos lo que se presenta y lo que no se presenta.
Así que el derecho a la verdad pasa por el derecho a la información y la educación de calidad, algo poco interesante para políticos que no serían elegidos y reelegidos por un pueblo más ilustrado. En este contexto, felicitaciones a los organizadores de la Feria del Libro de Bucaramanga, muy diferente de otras Ferias, que han remplazado el pan y circo por alcohol y circo.
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