IV Foro Social Colombia

Columna publicada en Vanguardia Liberal en octubre 25 de 2006

Frente al atentado de la semana pasada tenemos dos posibilidades; lo que inquieta es que no se sabe cual de las dos es la peor. Primera posibilidad: fueron las FARC, como afirma el presidente Uribe y corean sus fieles. Si esto es así, la cosa está complicada por que este gobierno –como los anteriores- no cesa de repetirnos que la guerrilla está derrotada, que la victoria final está de un cacho. Habría que preguntarse ¿Una guerrilla derrotada es capaz de montar un atentado contra “el corazón militar” de Colombia? Sobre todo que –a pesar de los millones de dólares invertidos- este gobierno no ha capturado a nadie del Secretariado de las FARC.

Sin embargo, a pesar de los fracasos en este frente y en la lucha contra las drogas, el gobierno nos anuncia que necesita 8.5 billones de pesos adicionales para continuar haciendo lo mismo. ¿Más gasto militar improductivo? ¿Cuantas viviendas, escuelas, vías y demás construiríamos con este dineral?

La otra posibilidad es que no hayan sido las FARC; el Fiscal afirmó que no tiene evidencias que comprometan al grupo armado y el alcalde de Bogota reveló que el embajador de Estados Unidos le informó que las FARC habían desistido de realizar terrorismo en la capital. Esta alternativa resulta más inquietante que la primera pues, si no fueron las FARC ¿Quiénes fueron?

Lo cierto es que aquí y ahora no se sabe muy bien de donde provienen las balas y las bombas. La semana pasada el senador Javier Cáceres alertó sobre un plan para atentar contra el senador uribista German Vargas Lleras, con participación de miembros de las fuerzas armadas. Recordemos que, en el último atentado contra Vargas, éste, expresó sus dudas sobre la responsabilidad de las FARC, a pesar de lo afirmado por el presidente. Lo anterior, en medio del debate por los montajes y otros escándalos que involucran a la fuerza pública y los narcoparamilitares.

Sea como fuese, el enigmático atentado sepultó las esperanzas en el intercambio humanitario, opacó el debate sobre la paramilitarización de la política y nos lanzó a una renovada confrontación. ¿Hasta cuando? Y es que, frente a tan precarios resultados ¿no sería la hora de reconsiderar unas políticas que privilegian el componente militar-policial? El caso es que el problema en Colombia “no es militar, es social”, “es de equidad, de concentración de la riqueza”. Estas afirmaciones no provienen de la oposición sino del actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (El Tiempo del domingo). José Félix Lafaurie propone generar “desarrollo sostenido”.

En este contexto, vale la pena resaltar eventos como el IV Foro Social Colombia que se llevará a cabo a partir de hoy en el auditorio Luís A Calvo de la UIS. El tema a debatir es precisamente “Desarrollo con equidad” ya que otro mundo es posible, pero no por la vía de la fuerza sino de la inteligencia, la tolerancia, la solidaridad y la democracia real. Información en teléfonos: 6526698, 6334771,6454376.

Elecciones CDMB: ¿empieza el tropel?

Columna publicada en Vanguardia Liberal en octubre 18 de 2006

El viernes pasado, Vanguardia Liberal informó que el director de la CDMB, Fredy Anaya, renunció para participar “como candidato a la gobernación” en las elecciones del 2007. En su reemplazo, como encargada, se nombró a la esposa de un senador. La nota se interroga: ¿Otra cuota de un acuerdo (político)?. La periodista destaca que “la puja de fondo será el 7 de diciembre cuando escojan la nueva dirección de la CDMB, un cargo clave -como muchos- para las próximas elecciones”. ¿Priman los intereses electorales sobre las competencias técnicas y administrativas en la elección del director?

El sábado, la prestigiosa columnista Consuelo Ordóñez, se refiere al proceso de selección de la entidad encargada de realizar el concurso para los aspirantes al cargo de director de la CDMB. Anota que la convocatoria fue declarada desierta pues uno de los proponentes llegó tarde y el otro fue la reconocida Universidad Autónoma de Bucaramanga; el argumento para descalificar a la UNAB es que “no tenía experiencia en la selección de personal”. Insólito. Ahora, si se han señalado unos intereses políticos en estos procesos, lo lógico seria que se declarasen impedidas aquellas universidades que cuentan con rectores en plan de candidatos a las elecciones del 2007.

Los cuestionamientos se registran desde años atrás cuando el cargo de director de Corporaciones se convirtió en uno de los más apetecidos para los políticos, en todo el país. Hace unos dias El Tiempo publicó una nota en la que, la actual directora de la Corporación Autónoma Regional del Guavio (Corpoguavio), señala las irregularidades que detectó durante la elección realizada en el 2003. Ella presentó una demanda ante el Consejo de Estado que declaró nula la elección pues "en el proceso de evaluación de los aspirantes al cargo de director de Corpoguavio se incurrió en irregularidades que afectan los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad y transparencia". La denunciante se presentó a la siguiente elección y fue seleccionada, en un proceso donde primó la meritocracia.

Sin intención de molestar a nadie, es necesario reiterar que la CDMB tiene una incidencia directa en proyectos de gran importancia para el Área Metropolitana, como son los relacionados con el alcantarillado, el acueducto, los residuos sólidos, la calidad del aire, el uso del suelo (viabilidad o no a vías como la Avenida de los Cerros), el ordenamiento de las aguas y demás. Sin exagerar, lo que está en juego es la estabilidad física de esta frágil meseta y sus alrededores.

De ahí que lo mínimo que se le pide al Consejo Directivo de la CDMB es que elija a una persona independiente y con competencias en la gestión ambiental. Hay varios nombres interesantes entre los aspirantes, como señala Consuelo. Nuestros hijos y nietos –los futuros pobladores de esta urbe- serán los beneficiados. La ciudadanía, en todo caso, tiene el deber de participar y estar vigilante. La recomendación de la directora de Corpoguavio: "Si nadie hace nada, si se guarda silencio, todo seguirá igual".

El derecho a la verdad

Columna publicada en Vanguardia Liberal en octubre 11 de 2006

La Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos -Louise Arbour- presentó una propuesta para reconocer el derecho a la verdad; como un derecho “autónomo e inalienable”. Se pretende otorgarle a este derecho la misma importancia que se les da al derecho a la vida, a la salud, al ambiente sano y a otros consagrados en la mayoría de los países. La iniciativa se origina en las experiencias con comisiones de la verdad en África y Centro y Suramérica, en las que se buscaba conocer “la suerte y el paradero” de los desaparecidos durante las dictaduras y conflictos bélicos.

Para Arbour, toda sociedad tiene derecho “a conocer la verdad sobre los acontecimientos del pasado que se refieran a la comisión de crímenes aberrantes, así como las circunstancias y los motivos por los que se perpetraron, a fin de evitar que se repitan en el futuro”.

Es decir, si la sociedad acepta un determinado grado de impunidad para los responsables, lo que espera a cambio es que cesen y no se repitan las desapariciones, los asesinatos y los negocios turbios. Se trata de una propuesta de gran vigencia en Colombia, donde se desarrolla un “proceso de paz” en el que la verdad brilla por su ausencia. Basta con leer las explosivas noticias relacionadas con el computador de Jorge 40, la entrevista con Vicente Castaño, las declaraciones de convictos sobre el montaje de falsos atentados y desmovilizaciones y otros hechos de la mayor gravedad.

Es el caso de la continuación de las amenazas y los asesinatos, la semana pasada fue masacrado un estudiante en la Universidad del Valle. Hace poco me refería al asesinato de un profesor en la Universidad de Antioquia y a las amenazas proferidas contra docentes, sindicalistas y lideres comunales.

Para algunos, el derecho a la verdad debería ir más allá de los crímenes atroces y aplicarse a todos los niveles de la vida de los ciudadanos. Pues lo cierto es que vivimos en sistemas políticos en los que los gobiernos mienten sistemáticamente. En Estados Unidos, en Hungría y por supuesto en Colombia. Aquí se nos quiere hacer creer que las cosas marchan bien, a pesar de que los indicadores y la cotidianidad sugieren lo contrario. Y son los colombianos más pobres los que menos se percatan de esta realidad. Estas personas no tienen acceso a la lectura de revistas, periódicos, libros o Internet. De ahí que su fuente de información es la mediocre televisión nacional, y ahí ya sabemos lo que se presenta y lo que no se presenta.
Así que el derecho a la verdad pasa por el derecho a la información y la educación de calidad, algo poco interesante para políticos que no serían elegidos y reelegidos por un pueblo más ilustrado. En este contexto, felicitaciones a los organizadores de la Feria del Libro de Bucaramanga, muy diferente de otras Ferias, que han remplazado el pan y circo por alcohol y circo.

¿Qué pasa en los Estados Unidos?

Columna publicada en Vanguardia Liberal en octubre 4 de 2006

El pasado mes de abril, Sandra Day O’Connor -exmagistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos- ocasionó revuelo mundial cuando afirmó que su país “está dando los primeros pasos hacia una dictadura”. O’Connor no es miembro de la oposición demócrata en los Estados Unidos –como pudiera pensarse- sino una destacada militante del partido republicano, el mismo del presidente George Bush. Este hecho le otorga una enorme trascendencia a las declaraciones -inusualmente fuertes- de la ilustre jurista.

O’Connor denuncia los ataques de algunos de los líderes de su propio partido contra decisiones de los jueces y espera que no sean “retaliaciones por decisiones (judiciales) con las que los líderes políticos no coinciden”. Para ella, estos ataques alimentan “la oleada de violencia contra los jueces”, al recordar el asesinato de un juez de Georgia -en plena corte- y la masacre de la familia de otro juez, en Illinois. Para la exmagistrada: “la interferencia con el poder judicial ha permitido el florecimiento de las dictaduras”.

Estas durísimas declaraciones no son un hecho aislado pues incontables pronunciamientos se han producido en los últimos años, a raíz de decisiones tomadas por la administración de mister Bush, estrecho “aliado” de mister Uribe.

La detención ilimitada de personas “sospechosas” sin beneficio del habeas corpus, el espionaje de las comunicaciones de ciudadanos sin orden judicial, la creación de oscuras prisiones en el extranjero, las torturas llevadas a cabo en estos centros de detención (caso Abu Graib y Guantánamo), la manipulación electoral, el uso de información oficial para desprestigiar a la oposición, el intento de silenciar a los científicos (caso James Hansen) y la presión contra la prensa independiente son algunos de los hechos cuestionados por académicos, líderes políticos, la gran prensa y los observadores internacionales.

Es este oscuro contexto el que rodea la aprobación –en el Congreso de los Estados Unidos (el pasado 28 de septiembre)- de una ley calificada por The New York Times, como “ley tiránica antiterrorista”. Para el diario, la aprobación de esta ley constituye “uno de los episodios más bajos” en la historia de ese país. En Colombia, el editorial de El Tiempo del domingo señala: “Para aprobar semejante código, digno de dictaduras militares, la Casa Blanca usó un mecanismo ruin: sembrar el pánico electoral entre los congresistas”. “El que no vote este proyecto está con los terroristas”, fue el mensaje oficial.

Prestigiosos académicos –como Noam Chosmki- han advertido desde hace rato sobre las insólitas desviaciones de los gobiernos estadounidense. No es el único. En el 2002, Robert Bowan –excombatiente de Vietnam y en ese momento obispo de la Florida le escribió a Mister Bush: “Somos blanco de los terroristas porque, en la mayor parte del mundo, nuestro gobierno defendió la dictadura, la esclavitud y la explotación humana”. Los estadounidenses parecen enfrentarse ahora a la posibilidad de que su propio país se precipite en un régimen dictatorial, semejante a los que históricamente impuso en diferentes rincones del planeta.

Residuos que matan

Columna publicada en Vanguardia Liberal en septiembre 27 de 2006

Mañana jueves se inicia el IX Seminario Internacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en la UIS. Uno de los temas a tratar es el relacionado con la gestión de los residuos peligrosos. Tema de gran trascendencia, basta recordar la aguda polémica que se suscitó el pasado mes de julio cuando los colombianos se enteraron que la exministra de Medio Ambiente -Sandra Suárez- derogó la resolución 189 de 1994 que prohibía el ingreso a Colombia de este tipo de desechos.

Aunque la exministra afirmó que todo era una tormenta en un vaso de agua, para el ex ministro Manuel Rodríguez, lo que podríamos enfrentar es “una tormenta de residuos peligrosos”, ya que la derogatoria le abrió una tronera al cuestionado tráfico de desechos. La tragedia que viene de ocurrir en Costa de Marfil (África), donde siete personas murieron y 9000 se intoxicaron, es un inquietante ejemplo de lo que puede pasar cuando los países aflojan los controles, como acaba de ocurrir en Colombia. Esta es la historia.

El pasado 19 de agosto el buque griego de bandera panameña -Probo Koala- descargó (con la bendición de las autoridades) 500 toneladas de residuos peligrosos en el puerto de Abiyán con el propósito de que fueran tratados por una empresa, supuestamente especializada en este tipo de labores. Los residuos fueron transportados en camiones y descargados en botaderos a cielo abierto. En estos, los componentes volátiles envenenaron el aire en las inmediaciones de la descarga, lo que ocasionó las muertes e intoxicaciones. Según funcionarios de la ONU: “Un número importante de los desechos tóxicos también fueron vertidos al mar y cerca de huertos de cultivo, de ahí nuestra inquietud ante posibles efectos sobre la cadena alimentaria”.

Aunque en el momento de escribir esta nota no se sabía qué tipo de residuos ocasionaron los envenenamientos, se ha informado que se trata de lodos extraídos de los depósitos del carguero, una mezcla de hidrocarburos, soda cáustica y otras sustancias no identificadas. Se cree que el sulfuro de hidrogeno es uno de los compuestos implicados en los decesos. La prensa holandesa informó que el barco descargó el cargamento en Costa de Marfil, pues la empresa responsable consideró que su costo de tratamiento era demasiado caro en el puerto de Amsterdam, unos 500.000 euros. En Abiyán la operación le costó 15.500 euros a la compañía, pero los costos sanitarios y sociales son incalculables para el país africano.

Un funcionario del Probo Koala declaró que no se trata de un cargamento tóxico sino de “desechos de cargamentos anteriores, que se volvieron tóxicos después de reaccionar entre ellos”. Este es uno de los casos a los que quedamos expuestos en Colombia, pues la derogatoria de la 189 deja por fuera de la prohibición total a los desechos llamados reactivos y volátiles (como los de Abiyán) y los que provienen de barcos, para los que no se aplica el Convenio de Basilea. Y también los patógenos, corrosivos, inflamables y otros más.