Publicada en Vanguardia Liberal en mayo 15 de 2013
En
columnas anteriores he reiterado que las
personas que integramos el Comité de Defensa del Agua y el Movimiento Conciencia
Ciudadana no nos oponemos a la minería. Señalaba en agosto 2012 que “casi todos los elementos que nos rodean requieren minerales
para su fabricación”. “De tal manera que nadie se opone a la minería; si esta se realiza en los sitios
autorizados por la ley, utilizando tecnologías apropiadas y buscando el beneficio
colectivo”. El problema –entonces- no es la minería sino “la forma como se
practica en países dependientes, atrasados y débiles institucionalmente -como
Colombia- en los que no se cumplen los requisitos mencionados”.
Hay que reiterar lo
escrito pues algunos ilustres ciudadanos
todavía confunden la defensa de la legalidad y la búsqueda del progreso social
con el fundamentalismo.
La historia de la megaminería en Colombia ha sido documentada
desde los años 70. Llega la multinacional minera a pueblos con muchas
necesidades insatisfechas y se gana la confianza de las gentes pintando la
escuelita, arreglando la cancha de futbol y empleando algunos nativos. Pero cuando
los yacimientos se agotan en unos pocos años, la multinacional abandona el
sitio y solo deja atrás más pobreza, enfermedades y degradación social.
Los más perjudicados son los mineros tradicionales que ven agotarse
en pocos años un recurso que podría
servirles de sustento a las próximas generaciones, si se mantuvieran tasas
moderadas de extracción. Y los joyeros locales; a los que les toca importar el
oro (Ver documental El Oro es Triste, de 1970). ¿Cuándo aprenderemos de la Historia?
El reciente
estudio “Minería en Colombia, fundamentos para superar el modelo
extractivista” realiza una “radiografía del modelo minero colombiano”.
Estudio patrocinado por “fundamentalistas” de la Contraloría Nacional y liderado por Luis Jorge Garay; “uno de los economistas más
destacados en la historia nacional”, según el Banco de la República.
Garay advierte:
“Creemos que hay que extender la moratoria (minera) mientras se logra instaurar un régimen
regulatorio más adecuado”. Pues “los riesgos son grandes en términos
ambientales, sociales y culturales”. Sobre la presunta camionada de plata que dejan las
multinacionales, dice la Contraloría: “Por cada 100 pesos recibidos por
gravámenes, Estado deja de percibir 200”. Brillante negocio. Para completar: “existe una relación entre extracciones a gran
escala, desplazamiento y pobreza”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario