El pasado 9 de enero, la Alta Autoridad sobre los Organismos Genéticamente Modificados de Francia declaró: “algunos elementos científicos plantean dudas sobre la inocuidad ambiental del maíz transgenico MON 810 (Bt), fabricado por la trasnacional Monsanto”. Las dudas se refieren a “los impactos del maíz transgenico sobre la fauna en la zona de influencia (lombrices), sobre insectos y la fauna acuática”. Expreso igualmente preocupación por la insuficiencia de análisis toxicológicos y poca claridad “con la distancia de diseminación del polen”. Ya se han registrado problemas en diferentes países por la contaminación inesperada de cultivos normales con polen transgenico. Los expertos también recomendaron estudios sobre el impacto en abejas (que están desapareciendo) y especies diferentes a ratas.
Con base en este informe, el 11 de enero el gobierno francés –invocando una cláusula de salvaguardia- suspendió el cultivo del maíz MON 810, el único transgenico cultivado en ese país (es el cuarto país europeo que activa la cláusula). La opinión publica, los ambientalistas, el Partido Verde y los socialistas expresaron su acuerdo con la medida. “Ya era tiempo”, señalo la excandidata presidencial Segolene Royal.
Y es que las inquietudes en torno a la introducción masiva de estas semillas en la agricultura mundial, son de alto calibre. Especialistas como Jacques Testart, autor de la primera fecundación in vitro humana en Francia, califica estas plantas de “quimeras vegetales mal identificadas”.
Mientras en Francia las suspenden por los riesgos ambientales y sanitarios, en Colombia, el actual gobierno ha venido ablandando la legislación para permitirle a transnacionales –como Monsanto- que introduzcan al país lo que se les antoje, es el caso del decreto 4225 del 2005 y las resoluciones aprobatorias para maíz transgenico y otros. Por ello, no sorprende que Monsanto anunciara el año pasado que escogió a Bogota como la sede regional de esta empresa, que produce también el cuestionado glifosato (y fue uno de los proveedores del tenebroso Agente Naranja en Vietnam).
Me he referido antes a los retrocesos legales impulsados por el presidente Uribe en el caso de los residuos peligrosos, la minería en paramos, la legislación forestal y de aguas, entre otros. Mis amigos uribistas seguramente que tienen una explicación para esta reculada en la gestión ambiental, que constituye una amenaza –sin precedentes- para el patrimonio natural y la salud de los colombianos.
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