Publicado en Vanguardia Liberal en enero 7 de 2009
En plena navidad la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por el asesinato del abogado Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en 1998. La CIDH considero que las autoridades no le prestaron la protección que requería el entonces Presidente del Comité de Derechos Humanos de Antioquia. Valle había denunciado las alianzas que existían entre miembros de la fuerza pública y los paramilitares, para –entre otras barbaridades- ejecutar masacres como las ocurridas en Ituango, Antioquia. Me referí al tema en columna titulada Uribe y la masacre de El Aro.
La sanción implica –entre otras cosas- que la Nación deberá realizar un acto público de reconocimiento de la responsabilidad oficial. Supongo que el acto estará encabezado por el Presidente Álvaro Uribe, quien era el gobernador de Antioquia cuando Valle fue acribillado. Antes, el abogado había alertado a Uribe sobre las masacres y los riesgos que corría su vida.
Sin embargo, lo único que hicieron Uribe, sus funcionarios y altos mandos militares fue cuestionar a Valle y demandarlo por calumnia. El abogado fue baleado después de declarar en la fiscalia que el percibía “como un acuerdo tácito, como un ostensible comportamiento omisivo” entre las fuerzas militares y policiales, funcionarios de la gobernación y paramilitares.
Infortunadamente el caso de Valle no es aislado. Muchos han caído antes y después del jurista. Ahí tenemos la muerte sospechosa en diciembre de Edwin Legarda, esposo de la valerosa líder indígena Aída Quilcue, en un reten militar. O la insólita investigación abierta contra Patricia Ariza, reconocida artista y defensora también de los derechos humanos.
En el país de la Seguridad Democrática es muy peligroso ser defensor de los derechos humanos, periodista independiente, izquierdista, sindicalista, líder popular o indígena. Mejor dicho, todos los que no son uribistas son terroristas.
Los defensores de los derechos humanos no tienen problemas en países democráticos. Sí los tienen en regimenes totalitarios o democracias anémicas de “izquierda” o “derecha”. No es casual que –por ejemplo- Human Rights Watch haya sido cuestionada por los gobiernos de Venezuela y Colombia, a raíz de informes negativos sobre ambos países. Ambos gobernados por caudillos que acumulan poder para perpetuarse en la presidencia.
Los países que han logrado progresos sociales y económicos lo han logrado fortaleciendo las instituciones y preservando la división de poderes. No incubando presuntos Mesías, algunos -por cierto- con largos rabos de paja.
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