Columna publicada en Vanguardia Liberal en noviembre 12 2008
Todo indica que la luna de miel que mantenía Estados Unidos con su punta de lanza en Suramérica -léase Colombia- sufrirá impredecibles cambios, con la elección del presidente Obama. Con una increíble miopía el presidente Uribe apostó sus fichas al presidente Bush, uno de los políticos más mediocres de que se tenga noticia. Dios los cría y ellos se juntan, dicen por ahí.
Ahora, de golpe no se trata de miopía sino de cálculo. Este gobierno prácticamente le entregó el país a multinacionales asociadas a los republicanos y -a cambio- Bush cerró sus ojitos frente a los oscuros socios parapoliticos de Uribe y la cascada de violaciones a los derechos humanos. Denunciada sobre todo fuera del país, ya que resulta peligroso señalar atropellos en el contexto de la inseguridad democrática.
¿Será que hay seguridad en un país donde la directora del servicio de inteligencia del presidente (DAS) renuncia a raíz del escándalo desatado por el seguimiento que realizaban sus funcionarios -no a criminales- sino a miembros de la oposición y otros civiles?
Con los demócratas en el poder las cosas podrían ponerse color de Obama para Uribe. Recordemos que Obama le envío duras cartas a Uribe, en su época de senador, preocupado por los derechos humanos y sindicales. Sin olvidar que el exvicepresidente demócrata, Al Gore, rehusó sentarse en la misma mesa con Uribe, un guarapazo político sin antecedentes.
Es que los derechos humanos andan bien torcidos en este gobierno, donde los llamados falsos positivos se han disparado. No es casual que la Misión Internacional de Observación sobre Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia concluya: “no se trata de hechos aislados sino de conductas sistemáticas que responden a una premeditación”.
Frente a los evidentes y generalizados hechos criminales que fueron denunciados una y otra vez, desde hace varios años, el gobierno se hace el loco y persiste en tildar de cómplices de las FARC a los que se atreven a denunciar. El presidente y su ministro de guerra no pueden eludir su responsabilidad, al implantar unas políticas que llevaron a los monstruosos resultados.
La Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales estima que entre enero 2007 y junio 2008 se registraron 535 casos, más del 90% atribuido a “integrantes del ejército”. ¿Será que hay seguridad en un país donde las fuerzas armadas legales matan más civiles que las ilegales?
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