En Colombia -un presunto Estado de Derecho- existen tres ramas del Poder Público: Ejecutiva (Gobierno, presidente, ministros), Legislativa (Congreso) y Judicial (Cortes, Fiscalía y demás). La Constitución establece que estos poderes son autónomos e independientes entre sí. En países como Estados Unidos esta independencia se manifiesta; por eso su Congreso frenó la aprobación del TLC con Colombia, a pesar de las pataletas del gobierno Bush.
En Colombia no ocurre así, el Legislativo es generalmente domesticado –entre otros- con puestos y contratos. El caso de la excongresista Yidis Medina, quien confesó que cambió su voto negativo a la reelección presidencial por dadivas ofrecidas por el Gobierno no es único, recordemos también la feria de puestos para familiares de congresistas en embajadas.
No ocurre lo mismo con la Rama Judicial, que ha logrado mantener una relativa independencia frente al Gobierno. Sin embargo, debido a las campañas de desinformación promovidas desde arriba, muchos colombianos no tienen claridad sobre estos temas. Muchos creen que este gobierno ha impulsado las investigaciones y detenciones realizadas contra los paramilitares y sus aliados políticos y de negocios. En realidad, el trabajo lo han realizado las Cortes y la Fiscalía mientras el gobierno deja la impresión de querer frenar los procesos.
La Corte Constitucional fue la encargada de enderezar la primera ley promovida por el Gobierno, que buscaba rebaja de penas para los paramilitares a cambio de nada. La Corte estableció rebajas, a cambio de decir la verdad; de ahí las confesiones de los paracos. ¿Por qué al Gobierno no le interesa la verdad?
Los procesos contra el primo del Presidente, congresistas y funcionarios los han adelantado la Corte Suprema y la Fiscalía. Mientras que Uribe y sus ministros han tratado de torpedear las decisiones judiciales que afectan a sus aliados, atacando a los magistrados, cuestionando los fallos o soltando cortinas de humo. La prensa uribista llama choque de trenes a lo que en realidad son indebidas intervenciones del presidente contra el Poder Judicial. Uribe ha llegado al extremo de proponer la creación de un para-tribunal (no previsto en la Constitución) que amenaza la institucionalidad.
El gobierno de Uribe se parece cada vez más al de Fujimori, esperemos que el paisa no acabe como el peruano.
